Ampyme y el camino de la transparencia

Hace unos días tuve el placer de participar en un conversatario sobre impunidad, corrupción y el papel que juega el periodismo en combatirlos, organizado por el Laboratorio de Investigación de Panamá, el International Center for Journalists (ICFJ) y el Centro Latinoamericano de Periodismo (Celap).

El evento en el que también participó la periodista mexicana Lilia Saúl Rodríguez, el colega panameño basado en Washington, Luis Manuel Botello, y el abogado y permanente defensor de la libertad de expresión e información en los tribunales, Eduardo Guevara, permitió analizar la grave situación que enfrentan medios y periodistas en la región, donde el autoritarismo y el desprecio a las garantías fundamentales parecen estar ganando terreno.

Mi participación en el evento me permitió referirme a los problemas relacionados con el acceso a la información pública, un tema directamente vinculado al trabajo de los periodistas y los procesos de rendimiento de cuentas de los funcionarios.

Desde el año 2002, Panamá cuenta con una ley de transparencia y acceso a la información pública (Ley 6 de 2002), que fue en su momento una norma vanguardista en la región. Además, las reformas constitucionales de 2004 incluyeron la acción de habeas data -que ya había sido reconocido en la Ley 6- como parte de las garantías fundamentales.

Sin embargo, estos 20 años de vigencia de la norma no han producido una cultura de transparencia en la administración pública; por el contrario, obtener información pública por parte de ciudadanos, periodistas o investigadores es, en términos generales, una carrera de obstáculos. Y lo que es peor, con una jurisprudencia de la Corte Suprema zigzagueante al respecto.

Es evidente que algo que contribuye a la ausencia de la tan necesaria cultura de transparencia en la administración pública, es la inexistencia de un servicio civil profesional, técnico y despolitizado.

Como se sabe, cada cinco años los partidos políticos triunfantes se reparten la planilla estatal como si de un botín de guerra se tratara, produciendo una intensa y dañina rotación del personal en las instituciones.

De esta manera, el conocimiento, la experiencia, la formación que hubiesen adquirido los funcionarios se pierde. Con cada nueva administración hay que empezar de cero, porque los nuevos funcionarios llegan a los cargos sin tener la más remota idea de que existe una ley de transparencia y acceso a la información, ni que Panamá es parte del sistema interamericano de derechos humanos, lo que los obliga a aplicar los principios que ha generado el sistema en defensa de la libertad de información, incluyendo por supuesto el acceso a la información.

Desde aquel famoso Informe de Desarrollo Humano de Panamá 2007-2008 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Institucionalidad para el desarrollo, el diagnóstico es cristalino: “alta rotación de directivos y mandos medios en las dependencias públicas, lo que impide consolidar experiencias y aprendizajes en los cargos; la utilización de criterios políticos en el nombramiento de la mayor parte de los servidores públicos, y la baja capacitación y escasa productividad...”

Se trata de un funcionariado que, en términos generales, no está comprometido con la transparencia y el fortalecimiento institucional para beneficio del país, sino que trabaja en función de una fidelidad al partido o al político a quien le debe su nombramiento.

Pero a pesar de los pesares, hoy quiero destacar un caso que espero sirva de modelo.

Después de aquellos enfrentamientos entre la periodista de investigación Mary Triny Zea y la dirección de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), debido a la imposibilidad de obtener los datos de las personas beneficiadas con el programa Capital Semilla, hoy estos datos aparecen en la página web de la institución (Sección Transparencia).

El cambio se produjo tras varias reuniones en las que el director de Ampyme Oscar Ramos solicitó asesoría, ya que los funcionarios del departamento legal de la institución insistían en la imposibilidad de hacer pública la información, decisión basada en la Ley 81 de 2019 de Protección de Datos.

Se trata de una interpretación errónea, porque la Ley 81 surge para proteger los datos personales en entornos privados, no cuando las personas reciben o manejan recursos públicos, que es justo el caso del programa Capital Semilla y otros como las becas que otorga el Ifarhu, cuyos destinatarios seguimos sin conocer.

Afortunadamente, el director Ramos y su equipo lograron encontrar el mecanimos para que hoy la información de todos aquellos que reciben dinero del Estado sea de acceso público, como debe ser. El proceso para lograrlo implicó un cambio cultural que ojalá cunda y perdure.

“La democracia muere en la oscuridad”, es la conocida frase que aparece en el encabezado de The Washington Post. Por ello, defender el acceso de información como una herramienta fundamental para dar a conocer lo que sucede y cómo sucede en la administración pública, es defender la democracia.

La autora es presidenta de la Fundación Libertad Ciudadana (TI Panamá)