Panamá celebra este mes el primer año de implementación del sistema penal acusatorio (SPA) en el Primer Distrito Judicial, con lo que concluyó su entrada en vigencia en todo el país, cerrando un proceso extenso en el tiempo y no exento de dificultades para su concreción.
En este esfuerzo, Chile ha estado presente en las conversaciones públicas, seminarios académicos, encuentros con autoridades, exposiciones en medios de comunicación y reuniones con actores del nuevo sistema panameño, compartiendo nuestro mejor activo nacional: capacidades institucionales y recurso humano. De este modo, hemos querido acompañar a Panamá con la experiencia chilena de una política pública exitosa, que requiere integrar factores presupuestarios, de gestión, de inversión en infraestructura, de coordinación entre los organismos responsables, por destacar solo algunos elementos relevantes en la instalación definitiva de un cambio de la envergadura del SPA.
Las cifras de la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio (OISPA) son alentadoras, como la disminución en 96% en los tiempos de respuesta promedio del SPA versus el antiguo sistema (12.2 días el primero desde la primera solicitud en el OJ hasta la resolución de primera instancia y 314.6 el segundo, desde el ingreso al juzgado hasta la resolución de primera instancia), y la alta disminución de detenidos preventivos de un sistema con el otro: 52.2% en el Primer Distrito Judicial. Tenemos la convicción de que esta muestra parcial de resultados son un potente indicador de éxito y una invitación a seguir trabajando para enfrentar los nuevos desafíos.
En esta tarea nacional, la perspectiva comparada, y la de Chile en particular, seguirán siendo aliados en el funcionamiento del SPA, aportando a objetivos como la construcción de un “enfoque fenomenológico” por sobre el “casuístico” en la persecución criminal, de manera de avanzar en la identificación de tendencias penales haciendo más eficiente el foco del sistema; el tránsito hacia un sistema de control de medidas alternativas; el avance en la consolidación de información estadística unificada que permita tomar decisiones tempranas y correctas; y la asunción de las tareas penitenciarias que implican un cambio como el SPA en términos de velocidad de condenas, estándares de reclusión y políticas de rehabilitación.
En esto último, saludamos el liderazgo del Ministerio de Gobierno, especialmente en torno al impulso e implementación de la recién estrenada Ley 42 de Carrera Penitenciaria, en donde Chile también contribuye con su “grano de arena” a través de la capacitación institucional y formación de custodios.
Una cuestión que merece también reconocimiento es cómo el SPA ha abordado los cambios en materia de TIC y Gestión. En esto, el apoyo de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental de Panamá ha sido decisivo para mantener la integralidad, trazabilidad y seguridad del SPA mediante reglas procedimentales establecidas en las plataformas administrativas e informáticas, que se desarrollan con tecnologías de punta.
Vivimos un tiempo en donde el Estado está siempre en el escrutinio público, por su funcionamiento y legitimidad social. En este ejercicio, la tarea para un sistema de justicia y sus responsables, desde todos los ámbitos, es de alta sensibilidad y exposición, ya que debe transitarse en un camino que muestre resultados, transparencia, eficacia y rendición de cuentas, por nombrar algunos rasgos.
Estos esfuerzos reformistas no deben sucumbir ante eventuales voluntarismos o empatías simplistas. Las políticas en justicia suelen no ser muy atractivas en el corto plazo, ya que sus efectos trascienden al ciclo de gobierno de turno y no siempre generan réditos públicos inmediatos. Sin embargo, su impulso desideologizado y consistente es decisivo a la hora de construir Estados consolidados, estables y maduros en las relaciones de poder y su legitimidad. Desde el análisis económico la justicia no es un gasto, sino una inversión en democracia, y también en desarrollo, siendo un indicador clave de certeza jurídica, clima de negocios y reglas claras para la llegada de capitales extranjeros.
Por todo ello, el coraje de impulsar el SPA en Panamá y apoyar su implementación debe ser una acción aplaudida y apoyada por todos en este primer ciclo de implementación integral y en los próximos que vendrán.
El autor es abogado y embajador de la República de Chile
