¡Auxilio!

Aunque Nelson Mandela advirtió que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, Panamá enfrenta grandes retos para cristalizar el acceso equitativo a una educación de calidad.

Uno de los desafíos más grandes en el sistema educativo panameño es la deserción escolar que, ocurre por muchos motivos. Una de las principales razones del abandono escolar es la falta de recursos económicos para continuar estudiando.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), creado en 1965, es la instancia que debe ejecutar el mandato del artículo 102 de la Constitución Nacional: “El Estado establecerá sistemas que proporcionen los recursos adecuados para otorgar becas, auxilios u otras prestaciones económicas a los estudiantes que lo merezcan o lo necesiten. En igualdad de circunstancias se preferirá a los económicamente más necesitados”. La institución tiene la obligación de garantizar equidad en el acceso a los fondos disponibles del Estado para la formación de los estudiantes panameños. Los últimos acontecimientos nos permiten señalar con propiedad que hoy la realidad es muy contraria al mandato constitucional. Parece haberse politizado el acceso a estos beneficios, siendo incluso necesario pertenecer o ser allegado a un partido político para ser considerado candidato elegible.

Los criterios para otorgar un auxilio económico versus una beca son distintos: mientras que el auxilio económico tiene un componente discrecional y es considerado un aporte económico para sufragar estudios, la beca ofrece fondos no reembolsables para sufragar los estudios al que solo se accede por concurso y cuyo prerrequisito es ser un estudiante sobresaliente y contar con los méritos necesarios para participar.

Es desconcertante observar cómo, mientras se asignan sumas importantes a auxilios económicos discrecionales, los problemas fundamentales que afectan a nuestra educación no se abordan ni se resuelven. Este contraste plantea preguntas sobre la verdadera prioridad y efectividad de la distribución y uso de los recursos en el sistema educativo.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advierte que en Panamá la constante es la desigualdad -tercer puesto en la región y el duodécimo a nivel global-. Los lugares más apartados del país son sometidos a una educación precaria. El sistema educativo público sigue presentando carencias. Ello se evidencia en los resultados de las pruebas nacionales e internacionales, como la prueba PISA, en la que Panamá ocupa uno de los puestos más bajos.

Se ha abandonado al sector más vulnerable de la población: justo el sector que requiere más respaldo. Las ayudas deben ir dirigidas a reducir la brecha de desigualdad existente y no, utilizarlas para seguir aumentándola.

Son demasiadas las voces que hoy expresan su decepción en cuanto a los cuestionables auxilios económicos otorgados. Sin duda, es otro golpe a la confianza ciudadana. Muchos de los que logran completar su educación piensan que todo el esfuerzo invertido carece de sentido cuando, pues al buscar apoyo para continuar sus estudios, solo encuentran negativas por parte de la institución que debería ayudarles.

En Jóvenes Unidos por la Educación reconocemos la crucial necesidad de transparentar y mejorar los beneficios otorgados por el Ifarhu mediante normativas que premien la excelencia y la meritocracia, honrando lo establecido en el artículo 102 de la Constitución Nacional. Sólo el mérito, la voluntad del estudiante y tener el perfil establecido por ley deberían determinar si es merecedor o no de tener acceso a estas ayudas. Los recursos que financian estos auxilios económicos provienen de todos los contribuyentes y deben manejarse con transparencia para garantizar su buen uso.

La credibilidad de la institución ante la opinión pública está maltrecha, razón por la que instamos a todos los involucrados a escuchar las demandas del pueblo panameño y a cumplir su mandato constitucional. Proponemos que se publiquen los listados de los beneficiarios, que haya mayor participación de la sociedad civil en el Consejo General del Ifarhu y que se cumplan a cabalidad los objetivos de la institución establecidos en el artículo 2 de su Ley Orgánica.

La sociedad panameña ha despertado y clama por instituciones al servicio del país. ¡Basta ya de no auxiliar a quiénes sí lo necesitan y sí lo merecen!

La autora es egresada del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana 2023