La reciente modificación al Fondo de Calidad y Equidad de la Educación (FECE) por parte del Ministerio de Educación (Meduca) no solo representa un retroceso en las políticas de equidad educativa, sino que evidencia una profunda desconexión con la realidad de las escuelas más vulnerables del país. Los números no mienten: un simple ejercicio matemático revela la gravedad de esta decisión.
El FECE, diseñado para garantizar condiciones dignas en nuestros centros educativos, distribuye sus recursos en dos componentes: 75% para fondo de matrícula y 25% para bienestar estudiantil. La reforma de 2019 reconocía la necesidad de asignar más recursos a las escuelas en zonas de mayor pobreza, estableciendo una asignación diferenciada que es eliminada tras la adopción del Decreto Ejecutivo 144 de 5 de diciembre de 2024 que subroga el artículo 16 del Decreto Ejecutivo 230 de 11 de junio de 2003 por el cual se reglamenta el Fondo de equidad y calidad de educación (FECE) modificado por el Decreto Ejecutivo 1280 de 31 de diciembre de 2019.
Analicemos con números reales el impacto de la nueva reforma que propone una asignación uniforme de B/. 60.00 por estudiante. Tomemos como ejemplo una escuela del interior con 200 estudiantes. Bajo la nueva fórmula, esta escuela recibiría B/. 12,000 anuales (200 estudiantes × B/. 60.00). De este monto, según la distribución establecida, sólo B/. 3,000 (25%) estarían destinados al bienestar estudiantil, incluyendo la alimentación.
La situación se torna más crítica cuando consideramos que el calendario escolar comprende 190 días lectivos. Al dividir los B/. 3,000 entre 190 días, la escuela dispondría de apenas B/. 15.78 diarios para alimentar a 200 estudiantes. Se contaría con tan solo B/. 0.07 por estudiante para su alimentación diaria. ¿Cómo puede un director de escuela garantizar una alimentación adecuada con B/. 0.07 centavos por estudiante? La situación se torna más dramática cuando la población estudiantil de las escuelas es escasa como ocurre usualmente en las áreas de difícil acceso y en las comarcas indígenas.
La realidad es aún más compleja. Muchas escuelas en zonas vulnerables carecen de comedores escolares adecuados o personal para la preparación de alimentos. En estos casos, en los que se requeriría recurrir a servicios externos de alimentación, el presupuesto asignado resulta irrisorio. Ni siquiera alcanzaría para un pan y un vaso de leche por estudiante.
Esta reforma ignora que la equidad no significa dar lo mismo a todos, sino proporcionar más a quienes más lo necesitan. Las escuelas en los 300 corregimientos más pobres del país enfrentan desafíos adicionales: infraestructura deficiente, falta de servicios básicos, y estudiantes que a menudo dependen de la alimentación escolar como su principal comida del día.
El programa Estudiar sin Hambre, aunque valioso, no puede ser considerado como un sustituto del FECE. Partimos de la premisa que este programa enfocado en corregir los graves retos de inequidad continuará vigente y operativo. Ambas iniciativas deberían complementarse para garantizar que ningún estudiante enfrente el hambre como barrera para su educación. La reducción del FECE compromete esta complementariedad y pone en riesgo la seguridad alimentaria de miles de estudiantes.
La decisión de uniformar la asignación del FECE en B/. 60.00 por estudiante no sólo es matemáticamente insostenible sino moralmente cuestionable. Estamos hablando de niños y jóvenes cuyo derecho a la educación está intrínsecamente ligado a su derecho a una alimentación adecuada.
Es imperativo que las autoridades educativas reconsideren esta reforma. La equidad educativa no puede ser un simple discurso; debe reflejarse en políticas públicas que reconozcan y atiendan las disparidades existentes en nuestro sistema educativo. Los números son claros: B/. 0.07 centavos por estudiante no pueden garantizar ni la alimentación básica, mucho menos educación de calidad. Es una ironía que esto ocurra en un país en el que el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) está dedicado a educación, demostrando que la calidad educativa no es el resultado del dinero destinado a ella sino de tomar acertadas decisiones.
La pregunta no es si podemos permitirnos mantener una asignación diferenciada para las escuelas más vulnerables, sino si podemos permitirnos no hacerlo.
El autor es miembro de Jóvenes Unidos por la Educación.
