Hoy es un día para honrar la decencia y el honor. Hoy se produce un cambio de timonel en la institución más importante del país, y antes de desearle viento a favor a Catín Vázquez al frente de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), es preciso recordar.
Recordemos, por ejemplo, la angustia que vivió el país cuando Grupos Unidos por el Canal (GUPC), el consorcio que ganó la licitación para construir el tercer juego de esclusas, envió el 30 de diciembre de 2013 un ultimátum al administrador de la ACP Jorge Luis Quijano, en el que le advertía que si no aprobaba el pago de mil seiscientos millones de dólares adicionales a los tres mil trescientos millones pactados en el contrato, paralizarían las obras que hasta ese momento tenían un avance del 65%.
Recordemos también, que el grupo empresarial formado por Sacyr de España, Salini Impregilo de Italia, Jan de Nul de Bégica y los locales de Cusa, alegaba en su carta a Quijano, que había ignorado los “repetidos intentos del contratista de reunirse al más alto nivel para discutir de una manera justa y apropiada la solución según la ley panameña”. Es decir, GUPC pretendía lograr una aprobación a su pretensión, con “reuniones a alto nivel”, ignorando los claros procedimientos de resolución de controversias establecidos en el contrato, y que pasaban por la presentación de un reclamo, su análisis por la Junta de Resolución de Conflictos y un Tribunal de Arbitraje Internacional como última instancia.
Obviamente, las “reuniones al más alto nivel” no formaban parte de la metodología de resolución de conflictos. Tampoco era posible aplicar la “ley panameña” citada, y que no era otra cosa que el concepto de “equilibrio contractual” incluido en una de las muchas modificaciones a la Ley de Contratación Pública aprobada durante el Gobierno de Ricardo Martinelli, específicamente en noviembre de 2009.
Esa modificación permitió utilizar el abstracto argumento de “equilibrio contractual” para contratos de obras en marcha aunque no hubiese sido pactado, permitiendo las muchas adendas a los millonarios contratos pactados durante la Administración 2009-2014, y que posibilitaron los asombrosos aumentos en los costos finales de las obras. Fue el sustento legal de los famosos sobreprecios que, en el caso de Odebretch, servían para pagar las coimas a los funcionarios locales, como luego todos supimos por boca de los directivos de la empresa brasilera.
La pretensión de GUPC no contaba con la determinación de un grupo de directivos formados en la vieja escuela canalera, cuyo único norte era y es la defensa de la institución y los intereses de Panamá. Una historia que no empezó con las obras de ampliación.
Quijano, junto con otros panameños que entraron a trabajar en la institución cuando aún era la Comisión del Canal de Panamá como Rodolfo Sabonge, Ricardo Varela y muchos otros, enfrentaron con sagacidad y valentía el sabotaje constante de los “zonians”, que nunca aceptaron el traspaso del Canal a manos panameñas. El famoso grupo La Matraca tenía galones obtenidos en aquellas batallas, y estaba dispuesto a luchar una vez más.
Según se reportó al conocerse el ultimátum, la controversia con GUPC estuvo precedida de meses de tensiones y fuertes presiones llegados desde las más altas esferas del poder. Quijano lo describió en un diario de la localidad como “un pulseo mayor”.
Justamente un mes antes, en noviembre de 2013, sucedió algo inédito, inaudito incluso. Por primera vez en la historia de la ACP, un miembro de la directiva aparecía en un noticiero de televisión haciendo críticas y denunciando irregularidades en los manejos administrativos del Canal. Se trataba de Lourdes Castillo, designada por el entonces presidente Martinelli en la directiva de la ACP.
Todo indicaba entonces que GUPC tenía importantes apoyos en su pretensión. Sin embargo, la caballería pensada para doblegar a Quijano y su equipo fracasó estrepitosamente. Un equipo técnico, presidido por una mujer excepcional que hoy inicia su camino como subadministradora del Canal, Ilya Espino de Marota, estaba a cargo de documentar cada paso de la obra, cada incumplimiento del grupo. GUPC tenía que sustentar sus reclamos y la ingeniera Marota estaba allí para enfrentarlos.
El resto es historia. Una historia de honor, valentía y decencia. ¡Salud Jorge Luis Quijano!
La autora es periodista, abogada y directiva de la Fundación Libertad Ciudadana
