La llegada del contralor a la Asamblea Nacional fue formidable. Acusó, denunció, señaló, en fin, demostró y confirmó lo que todos sabemos: que se trata de una asamblea de parásitos. Porque trabajan cuatro días a la semana; reciben $1,000 mensuales en gasolina que no usan, pero se quedan con la plata; cada diputado tiene la escandalosa suma de hasta $20,000 mensuales para personal propio; los suplentes tienen el cargo brujo de “asistente técnico parlamentario”, para cobrar por haber salido electos y en contra de lo fallado por la Corte; solo sesionan ocho meses al año; tienen una planilla que supera los 4,000 funcionarios, para un promedio inmisericorde de alrededor de 60 trabajadores por diputado; tienen oficinas en las provincias de “iniciativas ciudadanas” que pagan millones en planillas de gente que no va y alquileres de locales vacíos, porque no se presenta un solo requerimiento; algunos poseen búnkeres y oficinas secretas donde nadie sabe qué hacen. En fin, todos creímos que con la aparición de Súper Bolo al menos iniciaría el principio del fin de este maleficio. Y algo bueno hizo, porque se comprueba lo que todos sabíamos hace muchísimos años y es el primer contralor que se atreve a enfrentar esta realidad y otras.
Pero de repente todo cambió. Durante los días de pago con cheques llegaron personas que no caben en ese enorme edificio, pero todo indica que siguen allí, no trabajando sino cobrando desde casa u otro sitio. Los que no pueden comprobar que trabajan tienen la defensa de sus diputados de que no necesitan ponchar, por lo que, según el contralor, es difícil probar que incumplen. Allí están los exdiputados eternos cobrando, aunque hace años perdieron y nunca fueron electos; allí está el número de choferes que rebasan los 71 diputados, para manejarle quién sabe a quién; allí están todos esos promotores deportivos y culturales que ni puesto de trabajo tienen, pero se les permite cobrar desde los sitios donde residen sus amos diputados, mientras otros no se ven nunca. Si bien llegó una buena e importante camada de diputados jóvenes e independientes en la última elección, en algunos asuntos se han plegado y, en otros, han sido incapaces y hasta estériles sus quejas. Denuncian y se lamentan, pero todo sigue igual.
¿Y qué hace el Órgano Ejecutivo? En este tema, tristemente, parece que le gusta el relajo. No solamente envía a su asesor Estrella (por cierto, una persona muy seria y de positivas cualidades humanas, porque lo conozco) a servir como enlace. Y parece ser que va más allá de eso, porque siempre aparece con más vehemencia cuando hay algún tipo de votación. Pero lo que desenmascara al gobierno en este delicado asunto es que le ha mantenido a la Asamblea Nacional los mismos $98 millones de presupuesto para el 2026 que le otorgó en 2025. Y, ante una situación injustificable, se salen con la excusa de que “la cifra de $98 millones es la más baja en años, pero nadie ve eso”. Una inexcusable narrativa para aceptar y transmitir como viable lo que es imposible justificar. Se demuestra que no importa que se despilfarre el dinero, después que sea menos que lo derrochado por el anterior gobierno. Este derroche sigue siendo inaceptable.
El arte de gobernar no es alargar el mal, sino tomar decisiones. Pero la necesidad de cambios se va extendiendo en el tiempo, por el temor al costo político. Por lo tanto, se han mantenido leyes especiales, jubilaciones especiales, aumentos automáticos, exoneraciones e incentivos, planillas abultadas y subsidios. Temas que, a pesar de tener que ventilarse en la Asamblea Nacional frente a la necesidad de iniciativas legislativas presentadas desde el Órgano Ejecutivo, ninguno de los dos actúa y los gastos del Estado crecen.
Y, mientras tanto, la Asamblea Nacional, con la nueva cara de esperanza generada el pasado 1 de julio con una junta directiva de oposición, la vemos transformándose desde esa fecha como el Hombre Lobo: ante el matraqueo del asesor enlace que solo cumple órdenes basadas en la ilusión, el espejismo, el desatino y la fantasía de la “armónica colaboración” constitucional. Un mes perdido porque, al final del camino, parece importar más la figuración y el dominio legislativos que el crecimiento institucional y democrático.
El autor es abogado.
