Técnicamente, el periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea termina el 31 de octubre. Esa fecha ya es bastante aterradora, así que alguno habrá suspirado de alivio al conocer la intención de los diputados de concluir las sesiones ordinarias tres días antes de la fecha correspondiente, pensando que quizá así no seríamos testigos de un aquelarre legislativo en plena noche de brujas. Qué equivocados estábamos… Lo que hicieron fue trasladar su caldero al hemiciclo la tarde del pasado viernes para ensayar su nueva pócima para ratificar nuevos magistrados (esta vez, una principal y dos suplentes) de la Corte Suprema, en la que solo faltó que lanzaran como ingredientes la lengua del procurador de la Administración, el informe de la comisión evaluadora del Pacto de Estado por la Justicia, el reglamento interno de la Asamblea y hasta a la bancada independiente.
EN toda historia de terror, el monstruo surge cuando uno menos se lo espera. En esta, parece que vino del castillo encantado de San Felipe. Fue de sus entrañas que brotó el nombre de Ariadne García -hasta ahora suplente de la magistrada Miriam Cheng- como reemplazo de Ayú Prado en la Sala Penal. El Gabinete también designó a Manuel Mata y Lilianne Ducruet Núñez (los apellidos de esta última son los mismos del director del Idaan y estrecho colaborador de Cortizo) como suplentes de García y Cheng, respectivamente. ¿Cómo saber si estas designaciones son buenas o malas? Eso es prácticamente imposible, porque el Gabinete, como si se tratara de una manzana envenenada, desechó el informe de la comisión evaluadora que entrevistó a los 96 aspirantes al cargo. En agosto pasado, el procurador y coordinador del Pacto de Estado por la Justicia, Rigoberto González, entregó al presidente Cortizo el informe de la comisión, con una lista de 11 candidatos recomendados. En esa preselección no estaba García, aunque ella sí aparece en la lista de 96 entrevistados por la comisión, en cambio Mata y Ducruet estaban como los fantasmas: nadie los vio. Ese es el poco aprecio del Gabinete por el trabajo de la comisión, que dedicó nada menos que 120 horas a entrevistar a los aspirantes. Por cierto, cuando González entregó el informe a Cortizo, en una ceremonia en el Salón Paz de Presidencia, estuvo presente la magistrada Miriam Cheng, cuya suplente es, precisamente, Ariadne García. A esta escena solo le falta el vampiro huyendo por la ventana…
UNA vez el Ejecutivo envió las tres nominaciones a la Asamblea, la junta directiva de ese órgano invocó las palabras mágicas: “procedimiento abreviado”. Esa “abreviación” elimina la publicación de avisos en diarios de circulación nacional y, de esa manera, evitan convocar a una consulta ciudadana y virtualmente se paralizan las observaciones que cualquier ciudadano podría hacer a los designados. En otras palabras, se ahorran el escrutinio que se supone debe hacer la Comisión de Credenciales, que ni siquiera verificó los documentos que fundamentan los nombramientos. Lo que sí hicieron fue una “entrevista” rápida a cada uno de los designados, pero sin ningún propósito relevante, ya que mucho antes de concluir el interrogatorio tenían redactada la resolución en la que la comisión recomendó al pleno legislativo la ratificación de los tres, la cual, por cierto, fue en “bloque”. Hasta la fecha, nadie ha informado cuántos votos fueron a favor y cuántos en contra, o si hubo o no abstenciones. Y mucho menos han explicado (ni el Ejecutivo ni nadie) por qué una de las cosas que este gobierno ya había hecho aparentemente bien, varias veces, decidió descuartizarla al final, de esa manera.
