¿En que país, una misma persona puede ser candidato presidencial mientras está designada como corrupta por su mayor potencia aliada, condenada a prisión -en primera instancia- en un caso por blanqueo de capitales e imputada en otro, y señalada por sus propios hijos como instigadora de los delitos confesados por ellos? ¿En qué lugar del mundo una persona como esa controla medios de comunicación, para denigrar en forma abierta a sus adversarios políticos y a cualquiera que la cuestione? ¿Y qué sucede si alguien publica episodios de la vida y obra de esa persona en redes sociales? Entonces ella, por arte de magia, se convierte en la indefensa víctima de una campaña sucia. ¿En serio?
Antes, cuando influía en los tres poderes del Estado, se jactaba diciendo “péguenme a mí, que soy un hombre fuerte… péguenme a mí, que yo aguanto palo y plomo”. Tres tuits después, ha quedado presentando acciones legales contra varios de los que se atreven a no hacer parte de su coro de aduladores desde las redes sociales. Y contra los que cuestionan su ambición, también. Así, ha denunciado al expresidente Juan Carlos Varela, a la excanciller Isabel de Saint Malo, a la exprocuradora Kenia Porcell, a las fiscales del caso Odebrecht, a los exmagistrados Harry Díaz y Jerónimo Mejía, a la magistrada María Eugenia López Arias, a la juez Baloisa Marquínez y hasta al testigo protegido de los pinchazos.
Ahora ha llevado su pataleta al patio del Tribunal Electoral (TE), institución que ha llamado a capítulo al periodista Álvaro Alvarado y a los medios digitales Foco y Claramente para que expliquen el contenido de sus cuentas en Twitter e Instagram. Con Foco no es la primera vez que la emprende: en febrero pasado, intentó secuestrar los bienes a nombre de ese sitio digital y, como no lo logró, se llevó los enseres de los hijos de Mauricio Valenzuela. No se salvaron ni los cojines. En su reciente queja ante el TE, alega que es blanco de una “campaña sucia” que busca disminuir su aceptación en las encuestas de intención de voto y por eso a cada uno se le debe imponer una multa que va de $10 mil a $25 mil y prohibir que usen su nombre e imagen. Les acusa, además, de violar el pacto ético digital y la veda electoral. Pero Alvarado no ha firmado ese pacto ético. El que sí lo firmó, mientras que sus medios hacen lo opuesto, es el denunciante. Esas campañas que él conduce desde sus redes y medios, ¿acaso son inmunes al pacto ético? A Varela le llamaba “narco” y hace rato dejó de referirse a Alvarado por su nombre y solo lo hace con insultos o motes. Y aquí no pasa nada. Por cierto, ¿cómo queda el Ejecutivo, que lo demandó hace un mes, por los “daños materiales y morales causados al Estado” por el caso Odebrecht? ¿Acaso también va a denunciar a Cortizo por violación al pacto ético digital? Todo esto sucede, a pesar de que el artículo 199 del Decreto 29 de 2022 -del propio TE- permite (dentro de la misma veda electoral a la que alude el denunciante) el ejercicio de las actividades de contenido editorial por parte de los medios de comunicación y el libre uso de los medios digitales por parte de administradores y canales virtuales, siempre que no pauten propaganda. Pero para Alvarado, Foco y Claramente no hay ley, códigos o pactos que los protejan. Como lo advirtió Alvarado el pasado viernes: “no ha ganado las elecciones y ya está persiguiendo periodistas”. Y si lo hace con conocidos comunicadores, imagine lo que le importará hacérselo, por ejemplo, a usted.
