Después de que el contrato ley de la mina fue refrendado, aprobado, sancionado y promulgado (las tres últimas acciones en un mismo día), era difícil imaginar algo peor. Pero en esta interminable carrera por la destrucción de la institucionalidad, el presidente se superó a sí mismo, rompiendo su propio récord: prohibió otorgar nuevas concesiones para la exploración, extracción y beneficio de la minería metálica, convirtiendo a la concesión en Donoso en un virtual monopolio.
Para lograrlo, empleó la misma fórmula: firmó la norma un viernes y la hizo publicar en Gaceta Oficial ese mismo día. El nuevo Decreto Ejecutivo 23 que declara la moratoria minera huele tan mal, que casi hay que usar una máscara antigás para acercarse a ese documento. No nos preguntaremos qué gana la mina con esta moratoria, porque resulta obvio. Pero, ¿qué gana el gobierno? En el fondo, nada; pero en el superficial repertorio del presidente, eso habrá lucido como la panacea que contentaría a la mayoría de los que adversan la minería a cielo abierto. Eso es tan inteligente como cortarle una mano a alguien y luego ir a pedirle perdón, bajo la promesa de no cortarle la otra. Pero así están las cosas.
Después de todo, ¿por qué se declaró una moratoria minera a través de un decreto ejecutivo, si las concesiones se otorgan en virtud de un Código de Recursos Minerales, adoptado mediante una ley de la República? ¿Acaso el Ejecutivo ignora que un decreto suyo tiene menos rango que una ley? Otro desafío del Ejecutivo al marco jurídico. De paso, vuelve a despreciar las oportunidades de hacer las cosas bien. En el año 2021, 57 organizaciones ambientales ya habían presentado a la Asamblea un anteproyecto de ley de moratoria minera. Como esa propuesta ni siquiera fue prohijada por la Comisión de Comercio, la volvieron a presentar este año.
Y ahí está, tirada en ese otro foso subterráneo. ¿Será porque los ambientalistas no llevaron el maletín al que se refería hace poco el diputado Elías Vigil? Por cierto, ¿en dónde quedaron los señalamientos de ese miembro de la Comisión de Comercio? Los divulgó en su cuenta en Instagram, el mismo día que el contrato minero fue aprobado en primer debate en la Asamblea, y luego lo borró. ¿A nadie se le ha ocurrido investigar eso? ¿Será que nadie recuerda ya que gracias a la infidencia de un diputado fue como estalló el escándalo del Cemis?
Lo más ridículo de este asunto es que, como si estuviéramos en una máquina del tiempo, Cortizo nos ha retrocedido más de una década: hemos quedado de nuevo esperando por un pronunciamiento de la Corte, donde curiosamente uno de los actuales demandantes (Juan Ramón Sevillano) era uno de los abogados que actuó en la demanda de inconstitucionalidad resuelta en el año 2017.
La diferencia es que en aquel momento todavía se podía haber invocado la ignorancia como excusa, pero ahora, el presidente -y casi todo el país- conocía lo bueno y lo malo de esa concesión. Él es el gran responsable de que las cosas hayan llegado hasta aquí. Y al tratar de echarle la culpa a otros, lo único que hace es potenciar el hartazgo de una población que ya no aguanta que un puñado de inescrupulosos empeñen su futuro.
