Esta semana, en el marco de la tragicomedia de la aprobación e intento de derogatoria de la Ley 406 de 2023, el valor de las acciones de First Quantum no es lo único que ha fluctuado. En la opinión que envió a la Corte Suprema acerca de la demanda de inconstitucionalidad promovida contra la Ley 406, el procurador de la Administración, Rigoberto González, destaca la zigzagueante actuación de dos entes: la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional y la Contraloría General de la República, ambos al mando de dos conspicuos personajes: el diputado Roberto Ábrego y el contralor Gerardo Solís, respectivamente.
Tras discutir el contrato ley, el deber de la Comisión de Comercio era sólo uno: aprobarlo o rechazarlo en primer debate. En vez de hacer eso, en “abierta contravención” a las funciones de la Asamblea -según el procurador- el diputado Ábrego propuso una resolución que suspendía la discusión, sugirió cuatro modificaciones al contrato y solicitó al Ejecutivo que lo retirara. Siguiendo al pie de la letra la receta para el desastre, el Ejecutivo le hizo caso y el 4 de octubre, el ministro de Comercio, Federico Alfaro, se apresuró a retirar el contrato ley. Aunque es cierto que en primer debate el Reglamento Interno de la AN permite incorporar modificaciones a un proyecto de ley, en esta ocasión eso no era posible, pues se trataba de un contrato ley; por idéntica razón, tampoco era factible la suspensión de su discusión para que el Ejecutivo lo retirara y modificara. Lo que no queda claro en la opinión del procurador es si el ardid antijurídico de Ábrego constituye extralimitación de funciones, abuso de autoridad o es únicamente un desliz tan irrelevante, que sus consecuencias amenazaron gravemente la paz social de todo el país y hasta pudieron llevarlo al colapso financiero. Y como si no fuera suficiente, esta semana, con una consistencia propia de Homero Simpson, Ábrego votó como presidente de la Comisión de Comercio a favor de derogar la Ley 406 y 40 minutos después, como miembro de la Comisión de Gobierno, apoyó la convocatoria a una consulta popular para decidir el futuro de esa misma norma.
Bastante se ha dicho en cuanto a la aprobación del contrato minero en tercer debate legislativo, y su instantánea sanción por el Ejecutivo y promulgación en Gaceta Oficial. Sin embargo, el que ha pasado agachado ante los ojos de muchos es el contralor Solís, quien refrendó el contrato minero el 13 de octubre, tres días después de que el documento (con sus injertos) fue autorizado por el Consejo de Gabinete. Para el procurador, “queda claro que el texto del contrato modificado no tuvo el procedimiento previo y actualizado que requería para ser refrendado por la Contraloría”. Recordó que la Contraloría tiene el mandato constitucional de fiscalizar y regular, mediante el control previo, todos los actos de manejo de fondos y bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección, “lo que no consta en la información revisada, respecto a la tramitación del texto modificado del contrato ley”. Debe ser que la verificación es para gente aburrida y es mejor confiar en la suerte. Algo así como acelerar a fondo una Harley Davidson antes de una curva.
