A veces resulta más difícil decir la verdad que ocultarla, y eso es quizá lo que está sucediendo en el alucinante cuento de los auxilios económicos que graciosamente otorgó el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu). Sin embargo, ni el despilfarro, la negligencia, el clientelismo, ni el tráfico de influencias y favores pueden ser disfrazados para siempre.
A finales del año 2022, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) abrió una investigación, luego de recibir una denuncia promovida por el abogado Ernesto Cedeño, “a fin de determinar si los beneficiarios de auxilios económicos en el presente quinquenio se sujetaron estrictamente a los rigores procedimentales del beneficio”. Tras una “inspección ocular” que la Antai llevó a cabo en el Ifarhu para entender cómo se asignaban estas ayudas, encontró que no existía una supuesta “reglamentación especial” aplicable al programa y que, en lugar de ella, reinaba la “discrecionalidad como elemento a resaltar en los trámites realizados para el otorgamiento de los auxilios”. Algo parecido al pulgar hacia arriba o hacia abajo con el que el César decidía la vida o muerte en la antigua Roma. El 3 de febrero de 2023, la Antai (contra todo pronóstico) concluyó que no había “irregularidades”, pero tampoco había “procedimientos”. Y es que en vez de contar con una base escrita, ordenada, común y uniforme para la gestión de estos dineros del Estado, “todo se hace con base a la experiencia de las funcionarias encargadas y las directrices y recomendaciones que llegan por parte de sus superiores”. Es decir, una tradición oral semejante a la empleada para trasmitir las normas en los comienzos de la civilización.
A la Antai también se le explicó que existe un “comité evaluador” que fija el monto del auxilio económico, pero -como en los tiempos de “mi general Noriega”- usualmente la solicitud llega con una cantidad “recomendada con visto bueno” de la dirección general, así que no hay que preguntarse si los supuestos evaluadores son botellas o no, sino si sobre su cuello llevan una tapa de rosca o un corcho.
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En su resolución del 3 de febrero de 2023, la Antai instruyó al Ifarhu para que adoptara un reglamento para el programa de auxilios y se sometiera a una rendición de cuentas mensual que incluyera el nombre de los beneficiarios y los montos desembolsados, así como una lista de aquellos que han concluido sus estudios satisfactoriamente y otra de los que hayan incumplido sus obligaciones, acompañada del detalle de las sumas recuperadas por razón de dichos incumplimientos. La institución también tendría que fijar los montos mínimos y máximos de cada desembolso y garantizar que el beneficiario fuera escogido por méritos académicos (estableciendo un promedio mínimo de calificación) o necesidad económica, promoviendo la inclusión de estudiantes de grupos vulnerables. Por último, pidió la inmediata derogación de la norma con la que el Ifarhu declaró como “datos confidenciales” las actas y toda la información que tuviera relación con sus programas de empréstitos.
Lea la Resolución del 3 de febrero de 2023 de Antai aquí.
Si el director general (ahora convertido en candidato a diputado) y sus secuaces eran tan temerarios como para celebrar esta bacanal de fondos públicos, ¿por qué irían a implementar cualquiera de los cambios señalados por la Antai? Catorce meses después, hay más plata (el presupuesto de este año es de $545 millones, $103 millones más que en el 2023), pero las irregularidades se mantienen, a ciencia y paciencia de la actual directora del Ifarhu, la ministra de Educación (quien preside el Consejo Nacional del Ifarhu) y el contralor, que ya esta semana advirtió que no le interesa auditar nada, salvo 18 casos que han sido divulgados. Aparentemente, lo hace con el ánimo de reivindicar a los 18 “vilipendiados” por los medios de comunicación y no con el afán de garantizar el buen manejo de los fondos públicos. Solo faltó que amenazara con darles más plata, para quitarles la depresión.
