Hay cosas en las que casi todos estamos de acuerdo. Una de ellas es que los apagones son detestables y lo serán cada vez más, en la medida en que vayamos dejando en manos de la tecnología más y más actividades. Así que, cuando la Asep anunció las multas a las principales distribuidoras de energía del país, las expresiones fueron casi únicamente de júbilo. Pero quizá en la embajada de Nicaragua no se va la luz, ya que su “nini” favorito (ni está preso, ni está en libertad) parece ser el único enojado por las sanciones impuestas por la Asep. Poco le importará que los demás se queden sin luz porque, al fin y al cabo, la hamaca no funciona con electricidad. ¿Qué busca Martinelli con su defensa oficiosa del sector energético? Ni las propias compañías eléctricas han reaccionado tan virulentamente como él. ¿Será que le molesta que todos se den cuenta de lo fácil que fue hacer en un mes lo que no hizo él en cinco años? Tal vez esa sea la razón: que ahora, cada vez que Mulino hace algo bueno, lo deja como un incompetente.
El cortocircuito podría deberse a una respuesta del presidente ante una pregunta sobre el anteproyecto de ley que presentó el “brother” Camacho, “sobre amnistía, indulto, rebaja de pena y concesión de libertad condicional”. “Eso no tiene mi consenso ni mi aceptación ni nada que se le parezca… Esa ley no tiene mi aprobación”, contestó el mandatorio. Ese sería el momento en el que Mulino dejó de ser Martinelli.
Y es que lo que propone Camacho parece el más espeso de los lixiviados del vertedero de la Asamblea: la creación de un “perdón legislativo” equiparable al perdón presidencial. Ni Pablo Escobar Gaviria —que en su época era congresista— se atrevió a tanto. Esta amnistía sería aplicable a todas las personas “vinculadas” a un delito político. Y, ¿quién decide qué es “vinculado” y qué es un “delito político”? Pues la mayoría del pleno legislativo. Es como si Bonnie y Clyde hubiesen podido decidir quién no tendría que cumplir penas por asalto a mano armada. La propuesta no solo desvirtúa todo el sistema judicial, sino que sería la mejor razón para que el crimen organizado termine de penetrar en la política del país. Ahora bastará cualquier filiación o participación en política partidista o ejercer una “función pública relevante” para invocar que el delito cometido es “político”. La única excepción es cuando se trate de delitos de lesa humanidad o de desaparición forzada de personas; el resto (pandillerismo, narcotráfico, homicidios, trata, blanqueo, defraudación, estafa, peculado…) tendrá carácter político si quien los comete está inscrito en un partido. Y da igual en qué fase se encuentre el proceso, ya que ni siquiera hay que esperar a la imposición de una condena: puede ser invocado en cualquier etapa. ¿Cómo es que esto no se le ha ocurrido a la mafia o a la yakuza? Pero lo que realmente le interesa a Camacho está en el artículo 13 del anteproyecto de ley: “la amnistía y el indulto [él los usa indistintamente porque, para su propósito, serían la misma cosa] extinguen la acción penal y la pena, incluida la sanción principal, las accesorias y sus efectos”. Solo le faltó que fueran borrados los antecedentes por lavado en jurisdicciones ubicadas entre los paralelos 40º y 41º de latitud norte. Si se convierte en ley, Martinelli no solo evitaría cumplir con la pena de 10 años y 12 meses de prisión y el pago de la multa de $19.2 millones por blanquear capitales en el caso New Business, sino que quedaría sin efecto su inhabilitación para ejercer cargos públicos. Negocio redondo.
Nunca pensé que alguien diría esto, pero quizá haya que agradecerle a los Ortega que este individuo esté encerrado en una embajada. Si así ha tenido que parquearlo el presidente al primer mes de gobierno, ¿se imaginan cómo sería si estuviera en la calle?
