Raúl Pineda ha descubierto la importancia del conflicto de interés. Al menos eso dijo esta semana, en su primera (y hasta ahora única) aparición desde que se desarrolló la operación antinarcóticos Jericó, con la consecuente detención del “hijo que cualquier padre quisiera tener”. Pineda, que es miembro de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, prometió que no estará presente cuando se discutan los traslados de partida solicitados por el Ministerio Público y el Órgano Judicial, que son las instancias en las que ahora se maneja la causa contra su primogénito. Desafortunadamente, ese súbito acto de iluminación tiene tras de sí una estela de hechos que reflejan un proceder en contravía. Pineda es uno de los tres miembros de la junta directiva de la Junta de Control de Juegos (JCJ) del Ministerio de Economía y Finanzas. A él y, por lo visto, a los miembros restantes de esa junta directiva (entre ellos, el mismísimo contralor) les habrá parecido normal que los principales casinos y salas de juego contraten a Servicios Múltiples Rama, cuyo representante legal hasta 2019 es el hijo de Pineda. Las empresas de juegos de suerte y azar que fueron clientes de su hijo son concesionarias del Estado, ¿o no? ¿No dependen ellas, precisamente, del beneplácito de la junta directiva de la JCJ para operar sus negocios?
Pero no es el único escenario de posible tráfico de influencias en el que a Pineda le ha tocado la suerte.
Aunque él mismo reconoció que hace 25 años era un “piedrero”, un “orate”, que generaba ingresos de menos de $400, hoy no solo es prócer de San Miguelito, sino señor feudal de Colón. Cerca de las playas de la Costa Arriba colonense posee nada menos que 132.5 hectáreas adquiridas a la nación, pagando un precio promedio de $170 por cada hectárea, gracias a la generosidad de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati). Cómo adquirió esas tierras es otro tema... Las 132.5 hectáreas están en un área solitaria y muy atractiva para el tráfico de drogas, como han dejado constancia operativos del Senan y de la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala. Las tierras fueron solicitadas por Pineda en el año 2015, pero no fue hasta la llegada del PRD al poder que el Ministerio de Ambiente aprobó su uso en junio de 2021. Cuatro meses después, la Anati declaró que “no hubo oposición ni queja de terceros” para adjudicar dichas hectáreas. El ministro de Ambiente y miembro del Consejo Nacional de Tierras de Anati en aquella época era Milciades Concepción, quien fue nada menos que el jefe de Pineda en el período legislativo 2004-2009, cuando este fue su asistente administrativo en la Asamblea. En aquella época, Pineda fue denunciado por hacer política en horas laborales. La queja no prosperó, no porque se probara que esos señalamientos eran falsos, sino porque la Asamblea redactó una nota en la que certificó que Pineda estaba exento de marcar su asistencia en el registro electrónico de la institución. En pocas palabras, podía hacer lo que le diera la gana en las horas en que cualquiera habría pensado que debería estar dedicado a sus funciones legislativas.
Dos meses después de la adjudicación de las tierras a Pineda, fue promulgada la Ley 316 de 2022, que regula situaciones de conflicto de interés en la función pública. Aunque la norma es muy reciente, urge modificarla para que deje de ser una especie de letra muerta y garantice que las declaraciones juradas de intereses sean información de acceso público, en lugar de quedar engavetadas en la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), que es la entidad encargada de registrarlas y custodiarlas. Como ha quedado claro con Pineda, hay funcionarios que siempre encuentran la manera de moverse con comodidad, sin afrontar limitaciones legales ni consecuencias. Hasta donde sabemos, el Ministerio Público aún no ha enviado a la Corte Suprema de Justicia la solicitud para (ahora sí) investigarlo, sin excusas ni dilaciones. Después de todo, para hacer un buen pastel, hay que romper algunos huevos.
