Con mucha frecuencia se puede observar un gran número de iniciativas nacionales diseñadas a partir de concepciones morales y aspiraciones sobre cómo debería funcionar una sociedad correctamente. En muchos de estos casos, los tomadores de decisiones actúan bajo la convicción de que sus ideas contribuyen a mejorar el entorno social de los demás al promover iniciativas aparentemente justas.
El problema con este tipo de propuestas es que a menudo pretenden corregir situaciones que requieren un tratamiento racional, sin contar con la sensatez necesaria y el respaldo científico que definan las consecuencias de su implementación.
Normalmente, quien impulsa la idea en estos casos suele enfocarse en los efectos visibles a corto plazo, descuidando los resultados derivados a largo plazo tras su implementación.
Esta situación fue discutida en forma análoga en la obra Lo que se ve y lo que no se ve, de Frederic Bastiat, en la que el célebre economista francés explicó que los buenos economistas se distinguen de los malos por su capacidad de identificar a primera vista los efectos visibles y no visibles de sus decisiones a corto y largo plazo.
La misma lógica sirve para distinguir a los buenos políticos de los malos, en el sentido de que los primeros se esfuerzan en visualizar las consecuencias de sus actos a largo plazo, de modo que son más cuidadosos al gobernar, ya que no proponen soluciones fundamentadas exclusivamente en lo que aparenta ser bueno y correcto para la sociedad.
Tomemos como ejemplo la reciente propuesta que persigue el cierre de una cervecería local ubicada cerca de una iglesia, la cual entiendo que está justificada en leyes que restringen el consumo de alcohol en áreas contiguas a una iglesia.
Al margen de cualquier argumento jurídico con relación al tema, considero que el proponente perdió de vista las eventuales consecuencias que causaría la acogida de su iniciativa, ya que a primera vista el cierre de un bar próximo a una iglesia aparenta ser algo bueno y correcto en una sociedad que considera inmoral el consumo de alcohol; lo que no se ve de forma inmediata es que la petición atenta contra principios elementales sobre los cuales descansa un Estado laico, y que además su implementación traería consecuencias económicas negativas a largo plazo, incluyendo la pérdida de empleos, impuestos, confianza en la inversión, entre otras.
Es inevitable preguntarse si el proponente realizó este ejercicio mental para visualizar los resultados que eventualmente traería la formalización de su iniciativa, o si, por el contrario, prefirió dejarse llevar por su percepción de lo que parecía bueno y correcto en el momento.
Estoy seguro de que este tipo de reacciones son una excepción a la regla, ya que conozco muchos tomadores de decisiones responsables que promueven iniciativas teniendo presente el principio de causalidad.
No hay nada de malo en tener iniciativas idealistas y nobles, sin embargo, me parece importante recordar que el camino hacia el infierno está disfrazado de buenas intenciones, y por ende, un poco de lucidez nunca cae mal.
El autor es miembro de la Fundación Libertad
