Entre tantas propuestas que se presentan para enfrentar el reto de salvar la Caja de Seguro Social (CSS), al final todas terminan en variantes de dos acciones principales: medidas paramétricas (aumento de cuotas y/o aumento de la edad de jubilación) o subsidios del Estado.
Como dijo el presidente de la República, José Raúl Mulino, hay que ver quién va a pagar la fiesta. Puesto que las medidas paramétricas son ampliamente rechazadas, lo más probable es que la decisión se incline por desembolsos millonarios donde todos los ciudadanos, incluyendo a los no asegurados, sean los que tengan que asumir el costo. Después de todo, allí está el dinero del Canal, ¿no es así?
Este enfoque parte de la premisa de que hay que “salvar” la Caja tal como la conocemos hoy, pero no necesariamente tiene que ser así. Son dos, principalmente, los problemas que aquejan a la CSS:
El fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) es deficitario y se agrava cada año.
Los servicios de salud son insuficientes debido a la falta de insumos, medicinas, personal e infraestructura.
La Ley Orgánica de la CSS o Ley 51 de 2005 establece varias fuentes de financiamiento para los diferentes componentes del sistema, algunas de las cuales ni siquiera están siendo recibidas en la Caja. Sin embargo, la mayor fuente de ingresos es la cuota obrero-patronal, compuesta por una suma equivalente al 22% del total de salarios pagados a los trabajadores cotizantes. Este 22%, al ingresar a la Caja, se divide en 13.5% para el IVM y 8.5% para los servicios de salud. A manera de ilustración, si el salario promedio de los trabajadores fuera de B/1000.00, la Caja recibiría B/220.00 por cada trabajador y destinaría B/135.00 al IVM y B/85.00 a los servicios de salud. Ni uno ni otro alcanzan para cubrir las prestaciones que los usuarios esperan. Bastaría con comparar estas cifras con los costos de un seguro privado que cubriera todos los servicios como lo hace la CSS, para darse cuenta de que es una utopía.
Comencemos por aceptar que la razón de ser primaria de la CSS es garantizar un ingreso mínimo a las personas que han contribuido al sistema de IVM durante una cantidad de años y que han optado por la jubilación, o que han quedado impedidas de continuar trabajando y deben ser pensionadas. Así pues, ¿si la totalidad de la cuota obrero-patronal (22%) se destinara únicamente al IVM, podría ser esta una forma viable de sostener el IVM a futuro, siempre que el Gobierno aporte ahora lo necesario para reiniciar desde un punto de partida saneado? Aun así, ¿se requeriría de algún otro aporte anual por parte del Estado? He aquí una tarea para los actuarios.
En cuanto a los servicios de salud, desafortunadamente se ha hecho creer a los cotizantes que con sus cuotas han pagado el derecho a cubrir sus necesidades de salud y las de sus dependientes, pero esto no es así, ni resiste el más somero análisis. La gran mayoría de los asegurados no son conscientes de que sus expectativas no son realistas y que el Estado subsidia los sistemas de salud de la CSS con dinero extraído del Presupuesto General del Estado, dinero que debería favorecer a todos los ciudadanos por igual, no para mantener una estructura de salud que privilegia a unos en detrimento de otros. Pero solo unas cuantas voces se atreven a decir esto, para no caer en desgracia con la opinión pública.
Así, al destinar la totalidad de la cuota obrero-patronal al financiamiento del IVM, el personal médico y de apoyo, infraestructura, laboratorios, y demás componentes del sistema de salud de la CSS deberían pasar a manos del Ministerio de Salud (Minsa), para que cumpla con su deber constitucional de proveer salud igual para todos, y este, a su vez, compensar a la CSS por los activos que reciba. Esto eliminaría la duplicidad de funciones actual, terminando con un sistema en el que los ciudadanos no cubiertos por la CSS no tienen acceso a las mismas atenciones que los demás. Obviamente, esto implicaría una reestructuración del Minsa, pero esa es su obligación.
Este artículo no pretende ofrecer una solución total al problema. Solo nos hemos referido a las cuotas que aportan trabajadores y empleadores para simplificar el debate. Otros aspectos deben ser considerados:
El IVM está integrado por dos subsistemas: uno exclusivamente de beneficio definido (el original) y un subsistema mixto que combina ahorro personal con beneficio definido. ¿Deberían unirse o continuar separados?
Los riesgos profesionales y los subsidios por maternidad son eventos que probablemente deban añadirse a la cobertura del IVM, con sus propias fuentes de financiamiento.
La dinamización del cobro a los patronos morosos. Es ridículo que la Caja no sea capaz de aplicar sanciones y cobrar por vía ejecutiva un porcentaje razonable de la millonaria morosidad.
Muchos otros puntos deben ser escrupulosamente analizados para impedir que continúen las malas prácticas que han permitido la acumulación de problemas.
La Caja ahora sería, más que nada, similar a una compañía de seguros con gastos de administración significativamente reducidos. Respecto a las otras fuentes de financiamiento que la Ley contempla, habría que decidir qué destino darles: ya sea trasladarlas al Minsa o ingresarlas a la caja común del Estado.
¿Estará nuestro Presidente dispuesto a tomar este tipo de decisiones? Considerando el costo político, no lo creo, pero aquí dejo mi opinión, por si puede servir para aquellos que buscan una solución real al problema.
El autor es jubilado de la antigua Zona del Canal.
