Ante las interpretaciones discrepantes en torno al asilo concedido al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, sugerimos al Gobierno nacional solicitar -unilateralmente o en acción conjunta con el Gobierno de Nicaragua- una opinión consultiva ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya con el fin de decidir la suerte del asilado y evitar que se tensen innecesariamente las relaciones entre ambos países.
Todo Estado o grupo de Estados puede consultar por este medio a la CIJ cualquier punto problemático o polémico sobre derecho internacional, y esta debe atenderlo prontamente. De esta manera, los Estados pueden ahorrarse muchos años de controversias que usualmente son resueltas o atendidas mediante demandas y procedimientos respectivos que suelen ser costosos, prolongados y engorrosos.
La consulta a la CIJ pudiera preguntar si el asilo concedido al expresidente Ricardo Martinelli por el Gobierno de Nicaragua es legal de acuerdo con las Convenciones de La Habana de 1928 y de Montevideo de 1933. La Convención de Caracas de 1954 no es aplicable porque Nicaragua no es parte de la misma.
Panamá considera al expresidente como responsable de delitos comunes, ya que fue sentenciado y multado en firme, en tanto que Nicaragua lo ha acogido como un perseguido político. Panamá le ha negado el salvoconducto al expresidente, quien podría trasladarse de Nicaragua a otro país y burlar la justicia.
El asilo por motivaciones políticas es inadmisible. El expresidente Martinelli ha denunciado que su vida está en peligro, a pesar de que hasta el presidente Laurentino Cortizo lo ha negado. ¡Es obvio que ningún asilado clama que lo es por razones de delincuencia común!
Sobre las Convenciones de Asilo citadas priva la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de 1948, la que, en su artículo 14, manifiesta lo siguiente:
“Artículo 14:
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas”.
La Declaración de 1948 ilumina y prevalece sobre los tratados y es terminante al prohibir el asilo a delincuentes comunes. En el caso de Martinelli Berrocal, el ex presidente violó normas de Derecho Internacional contrarias a la Carta de la ONU por encargo de Washington, tal como el expresidente lo confesó en su carta abierta al “Gobierno y pueblo de Estados Unidos” escrita desde una prisión en Miami en mayo de 2018.
Para solicitar una opinión consultiva es necesario que la Asamblea General de la ONU la apruebe y que el secretario adjunto de Asuntos Jurídicos la lleve al tribunal en La Haya. Hice personalmente este recorrido en mayo de 1989 para evitar la invasión de Estados Unidos, pero, estando ya casi aprobada la opinión consultiva por el presidente del Tribunal, Manfred Lachs de Polonia, el expresidente Manuel Solís Palma la canceló abruptamente.
Hay dos experiencias que vienen al caso: la de Víctor Raúl Haya de la Torre entre Perú y Colombia; y la del cardenal József Mindszenti, entre Estados Unidos y Hungría.
Perseguido y encarcelado por el gobierno de Hungría, el cardenal Mindszenti se vio obligado a refugiarse en la embajada de Estados Unidos en 1956, donde recibió asilo político. En ese recinto permaneció 15 años hasta que fue liberado en 1971.
Haya de la Torre, fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), se asiló en la embajada de Colombia en Perú en 1948, acusado de liderar una revuelta interna en ese país. Fue considerado como un delincuente común por el Perú, en tanto que Colombia lo amparó como perseguido político. Permaneció en la embajada 5 años hasta 1953, cuando fue exiliado a México por el nuevo presidente peruano.
Dudo que Martinelli huela a mártir como Mindszenti o a revolucionario como Haya, de manera que sugerimos cortar por lo sano y dejarle la solución del caso a la CIJ, hoy presidida por una ciudadana de Estados Unidos, antigua asesora del Departamento de Estado.
¿Se imaginan al expresidente encarcelado como en jaula de oro sin poder chistar palabra? Al menos, yo no.
El autor es internacionalista y diplomático de carrera.
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