A julio de 2022, nuestras cárceles tenían una densidad poblacional del 143%. La capacidad de nuestro sistema penitenciario está en 43% por encima de los privados de libertad que pueden albergar. Se trata de una sobrepoblación de 6 mil 310 privados de libertad, según cifras de la Dirección General del Sistema Penitenciario. Solo el 35% de la población penitenciaria corresponde a personas procesadas. La inmensa mayoría de los privados de libertad aún no tiene una sentencia condenatoria.
Los datos expuestos parecieran apuntar a que la principal función del sistema penitenciario panameño es castigar.
Cada vez más se tipifican un número mayor de delitos, lo que trae como consecuencia que hay más detenidos en nuestras cárceles.
Un factor que influye en la sobrepoblación penitenciaria es la actual política penal de incrementar el número de penas principales. Se añade a ello la multa y los arrestos de fin de semana; la incorporación de nuevas conductas delictivas y penas sustitutivas y la tipificación de otros delitos penales. Esta política no es cónsona con los cambios hechos al sistema penal de Panamá.
El sistema penal acusatorio, desde su implementación, ha sufrido 33 modificaciones, lo que equivale a una cada cuatro meses. Esto es alarmante. Al no existir una política clara, no hay consistencia para el desarrollo e implementación de un sistema coherente. Urge modificar de manera integral esta realidad. Existe el anteproyecto de ley 134 de 13 de septiembre de 2021, que busca crear cambios positivos. Propone la creación de un consejo especializado en política criminal que, al ser un equipo multidisciplinario, tendría la posibilidad de crear políticas objetivas, necesarias y coherentes con la realidad nacional. A esta iniciativa aún le falta un largo camino para ser aprobada. Mientras tanto, hemos sobrepasado la capacidad de nuestros centros penitenciarios. Esto ha traído consigo un hacinamiento que violenta los derechos humanos de igualdad, privacidad y salud de los privados de libertad.
En Panamá, existen 275 tipos penales: un aproximado de 125 son susceptibles a detención preventiva lo que seguirá congestionando el sistema. Lo anteriormente mencionado es contradictorio con los fines que persigue el nuevo sistema instaurado en nuestro país. Urge enfocar los objetivos de las políticas, para atacar los problemas desde su origen, con el fin de prevenir sus consecuencias. Debemos encaminarnos a combatir preventivamente las situaciones que influyen en las personas para cometer un delito. No arguyo para que los delitos no sean castigados. Afirmo que, para alcanzar una sociedad más pacífica y con menos delincuencia, es imperativo que el Estado tome acción, por medio de la creación de programas y políticas públicas enfocadas en la prevención de la delincuencia.
Nuestra Constitución Política, en su artículo 28, indica que la rehabilitación es uno de los principios del sistema penitenciario. Se habla que hay un índice del 60% de reincidencia, donde 6 de cada 10 regresan por el mismo delito.
Es una situación generalizada: nuestras cárceles no están cumpliendo con su función rehabilitadora. Al contrario, son escuelas criminales, en las que los delincuentes perfeccionan sus técnicas o aprenden nuevas. Esto es resultado de un sistema penitenciario ineficiente, que no honra los principios para los que fue creado.
La finalidad de la pena no es castigar y devolver al individuo, sin ningún tipo de intervención, a la sociedad. El artículo 7 del Código Penal es claro al indicar que una de las funciones de la pena es la reinserción social.
Panamá debe apostar por más políticas preventivas y de resocialización, para así poder asegurar la disminución de los índices de violencia y de delincuencia en nuestro país. Es indispensable que el sistema penitenciario funcione de acuerdo a su capacidad. Debe acabarse con las violaciones a derechos humanos, el pan de cada día en nuestras cárceles. Requerimos que el mecanismo penal, junto a las políticas preventivas y de resocialización, funcionen de tal forma que los centros penitenciarios cumplan los objetivos para los que fueron creados según la Constitución y la ley.
El autor es miembro de Jóvenes Unidos por la Educación.
