La desaparición de personas durante la dictadura militar en Panamá es un hecho histórico que aún requiere atención. Desde un punto de vista legal, el concepto de “desaparecido” se refiere a una persona cuyo paradero es desconocido y cuya desaparición puede estar vinculada a un delito, especialmente aquellos que afectan la integridad personal y la libertad individual.
El término “desaparecido” no solo alude a la ausencia física de una persona, sino que también abarca el impacto emocional y social, así como el sufrimiento de sus familiares, amigos y la sociedad en general. En el Derecho Internacional, está clasificado como un crimen de lesa humanidad, que incluye la desaparición forzada, el homicidio, la esclavitud, la violencia sexual y de género, la tortura y la deportación, tanto en tiempos de guerra como de paz, contra civiles.
En una dictadura militar, las desapariciones implican que estas personas fueron privadas de su libertad, detenidas o secuestradas por agentes del Estado o por grupos paramilitares que actuaban con autorización del Estado. Se desconoce el paradero de estas personas, y se presume su homicidio o muerte tras un largo período de tiempo. En muchos casos, las investigaciones no lograron identificar a los responsables y, en su mayoría, sus restos óseos no pueden ser encontrados.
La mayoría de las desapariciones son producto de la represión política hacia las víctimas, quienes eran consideradas opositoras a la dictadura. En muchos casos, eran llevadas a centros clandestinos de detención, cárceles, cuarteles o bases militares bajo estrictas medidas de seguridad, en contra de su voluntad y por la fuerza. Allí sufrían torturas y, en su mayoría, eran asesinadas. Como consecuencia de este y otros crímenes, los culpables hacían desaparecer los cuerpos con el propósito de evitar que se convirtieran en pruebas de sus delitos. En muchos casos, las autoridades declaraban no tener información sobre el paradero de estas personas y también afirmaban que nunca habían estado bajo su custodia. Además, se les negaba cualquier tipo de información a sus amistades o familiares.
En Panamá, no contamos con una legislación específica sobre los certificados de los desaparecidos durante la dictadura. Sin embargo, el Código Penal vigente aplica la “Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”. Esta convención establece que nadie será sometido a desaparición forzada y que, en ningún caso, ya sea en tiempo de paz o guerra, inestabilidad política o emergencia, se justificará dicho acto. Asimismo, prohíbe la detención secreta y califica la desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad, el cual no prescribe. En el ámbito civil panameño, generalmente se declara la ausencia y, tras el paso de los años, el presunto fallecimiento del desaparecido. El Registro Civil, como única autoridad registral, solo puede inscribir lo que la ley permite. Habitualmente, los certificados de defunción contienen datos personales básicos del fallecido, tales como su nacionalidad, lugar de residencia, causa de muerte, y fecha y hora de la defunción. En el caso de los desaparecidos durante la dictadura, dicha información no está disponible, por lo que aquellos que no han sido declarados fallecidos por sentencia judicial siguen apareciendo como vivos.
En el caso de la dictadura militar brasileña (1964-1985), al igual que en Panamá, ocurrieron desapariciones forzadas, y sus certificados de defunción no señalaban lo ocurrido más allá de “persona desaparecida” o “fallecida”. Sin embargo, como medida de reconocimiento de los hechos por parte del Estado brasileño, a petición de los familiares de las víctimas y desaparecidos, estos certificados de defunción reconocen que dicha muerte fue producto y responsabilidad del Estado, con la finalidad de honrar la memoria de las víctimas y ofrecer algo de justicia a sus familias.
Estos certificados reconocen oficialmente que las muertes fueron consecuencia de la represión estatal durante aquellos años. Este “nuevo certificado de defunción para las víctimas de la dictadura” indica que la muerte fue causada por el Estado, incluyendo en el mismo documento emitido por el registro civil las palabras: “muerte antinatural, violenta, provocada por el Estado o persona desaparecida, en el contexto de la persecución sistemática contra disidentes u opositores políticos realizada por la dictadura en 1964”. Esta medida busca proporcionar cierre a las víctimas y sus familias, así como abordar asuntos pendientes del pasado, y constituye el primer paso para que el Estado pida perdón a las víctimas.
De igual manera, contempla que los certificados ya expedidos sean corregidos y revisados. Esto se realiza de forma gratuita y es ordenado por los tribunales correspondientes, que dan un plazo no mayor a 30 días para realizar las correcciones o emitir los nuevos certificados.
Al igual que en Panamá, Brasil es un Estado con una notable polarización política. En Panamá, el partido político que surgió como el brazo político de la dictadura sigue vigente y ha llegado al poder en democracia, aunque para algunos esto resulte complicado de aceptar. Estas medidas representan una herramienta para combatir la desinformación relacionada con la dictadura y los esfuerzos por omitir o reinterpretar los hechos históricos. Resulta desafortunado que algunos políticos aseveren que el tema de la dictadura militar está superado u olvidado, especialmente cuando no tienen a seres queridos desaparecidos o fallecidos en sus familias. Es importante señalar que muchas personas se beneficiaron económicamente de la dictadura militar y posteriormente ocuparon cargos políticos después de la invasión estadounidense.
Los panameños debemos avanzar en la misma dirección. En el país aún existen personas desaparecidas cuyos cuerpos posiblemente nunca sean encontrados. Esto no se debe únicamente a la falta de investigación o recursos, sino también a la voluntad de las autoridades. Vivimos en una democracia y es necesario enfrentar el pasado con dignidad, reconociendo los hechos desde un punto de vista jurídico. Es importante reabrir las investigaciones sobre estos eventos, asignar recursos suficientes para permitir estas investigaciones y encontrar tanto a los culpables como los restos óseos de los desaparecidos. Actualmente, Panamá carece de una Comisión de la Verdad activa que trabaje permanentemente en la investigación de estos hechos, así como de tribunales ad hoc que investiguen los casos pendientes de la dictadura militar, lo que permitiría hacer justicia respecto al pasado.
Recientemente, el Papa Francisco, antes de su enfermedad, comentó sobre el caso español: “una sociedad no puede sonreír al futuro teniendo sus muertos escondidos”, y esto se aplica sin problema al caso panameño.
El autor es abogado, investigador y Doctor en Derecho.
