El modelo chaebol de Corea del Sur está compuesto por estructuras empresariales o conglomerados fuertemente influenciados por rasgos familiares y hereditarios. La peculiaridad de estos conglomerados, similar a la de ciertas estructuras clave en la economía panameña, radica en que han sido indispensables para el crecimiento económico surcoreano, y lo siguen siendo. Estas estructuras corporativas han sido catalogadas como imperios empresariales familiares y se conocen como chaebols, término derivado de las palabras “riqueza” y “clan” en coreano.
El Samsung Group, controlado por la familia Lee; Hyundai Motor Group, por la familia Chung; y LG/GS Group, por la familia Koo, son tres de los conglomerados más grandes de Corea del Sur. Por sí solos, representan más del 35% del Producto Interno Bruto del país. Esto evidencia cómo la riqueza se ha concentrado en grupos familiares que, además, tienen la capacidad de moldear la justicia a su favor.
Aunque los chaebols fueron concebidos originalmente para impulsar el desarrollo económico, con el tiempo adquirieron mayor independencia del financiamiento estatal, aumentando su influencia sobre la economía nacional.
Actualmente, la percepción pública hacia estos conglomerados es mayormente negativa. Una parte significativa de la población considera que el crecimiento económico del país no ha sido ni equitativo ni justo. Esta visión se sustenta en la represión de los pequeños negocios por parte de los grandes imperios empresariales, el sesgo del sistema judicial a favor de las familias que los controlan, y el aprovechamiento abusivo de recursos estatales durante momentos de crisis.
Un caso emblemático que explica esta desconfianza es el escándalo que llevó a la destitución de la presidenta Park Geun-hye en marzo de 2017. Park fue acusada de recibir sobornos, abuso de poder y filtrar documentos estatales a Lee Jae-yong, heredero del conglomerado Samsung, quien a cambio donó más de 35 millones de dólares a fundaciones vinculadas a la asesora y amiga presidencial Choi Soon-sil. Este escándalo sacudió a la sociedad surcoreana y reavivó el descontento ante la influencia de los chaebols sobre la élite política y el gobierno.
Al observar la relación entre poder económico y sistema de justicia en países como Corea del Sur o Panamá, emergen similitudes que van más allá de la corrupción, y que se manifiestan en cómo los intereses económicos afectan la independencia judicial, evidenciando patrones de parcialidad dentro de un marco legal.
Este fenómeno es resultado del poder que ejercen los conglomerados sobre la democracia y la política, mediante el financiamiento de candidatos que legislen a su favor o influyan —o incluso manipulen— la esfera judicial.
El creciente poder de los chaebols y de otros monopolios económicos ha alcanzado una magnitud tal que proyectan una sombra de influencia malsana sobre todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, el sistema de justicia es el más perjudicado, ya que no existe otro garante más importante de la equidad y la igualdad en una sociedad.
Panamá no escapa de una realidad en la que la élite económica ejerce una fuerte influencia sobre las políticas públicas y la justicia, debilitando los cimientos que sostienen el desarrollo equitativo y la aplicación imparcial de las leyes para todos los ciudadanos.
El crecimiento de las empresas nacionales es esencial para el desarrollo económico y la generación de empleos, pero cuando ese crecimiento da paso a un control excesivo sobre el propio Estado, termina por socavar el bienestar social. Por eso, el camino hacia una justicia más independiente debe ir acompañado de la garantía de libre comercio, libertad empresarial y cero injerencia en los procesos de licitación y contratación estatal por parte de las compañías que más aportan al PIB del país. De lo contrario, los conglomerados seguirán sesgando la justicia.
El autor es internacionalista.
