En aquel lejano 1983, y tras una gran crisis política y social que ya casi nadie recuerda y que tuvo como hitos la muerte del general Omar Torrijos, la renuncia del entonces presidente Aristides Royo y la toma del poder por parte del general Rubén Darío Paredes, se produjeron radicales reformas a la Constitución de 1972 que había dado sustento legal al “proceso revolucionario”.
Fueron unas reformas que, en realidad, se convirtieron en letra muerta hasta la invasión de diciembre de 1989 y el retorno del sistema democrático al país. Fue entonces que la que algunos llamaron Constitución de 1983 debido a la magnitud de los cambios, tuvo la oportunidad de hacerse valer.
Tantos años después y con mucha agua pasada bajo el puente, algunos de aquellos cambios siguen dando que hablar. Algunos, incluso, siguen siendo un obstáculo para el desarrollo de una democracia que permita un verdadero desarrollo sostenible con oportunidad para todos.
Me refiero a la creación del peculiar sistema de representación para la elección de los miembros de la Asamblea Nacional, que ha llevado a algún que otro politólogo estudioso a decir que, “Panamá exhibe la desproporcionalidad más elevada de toda Latinoamérica”.
Se trata claro está, de una muy triste distinción que, como ya dije, tiene su origen en aquel proceso reformador que impulsó el general Paredes, y al que acudieron con entusiasmo casi todos los partidos políticos que veían en las elecciones de 1984, una posibilidad de retornar a la senda democrática.
Según relató en un artículo publicado en 2018 el Dr. Mario Galindo, -comisionado por el Partido Molirena en la Comisión Revisora de la Constitución Política de la República de Panamá - la Comisión aprobó por amplia mayoría el 12 de marzo de 1983, la propuesta de que el Órgano Legislativo quedaría constituido por diputados nacionales (20 en total) y provinciales, todos ellos elegidos con arreglo al principio de representación proporcionalde los partidos.
Según el relato del Dr. Galindo, esta fórmula disgustó al gobierno, que alegaba estar dispuesto a avanzar en el proceso democratizador, pero como diría el gran Tristán Solarte, man non troppo.
En consecuencia, la fórmula ya aprobada fue radicalmente cambiada por los hoy famosos circuitos electorales de postulación uninominal, acabando con la representación proporcional de los partidos, un sistema que, según consta en las actas de la Comisión, fue apoyado por el Partido Panameñista, a través de su representante, Guillermo Endara.
Además del Partido Revolucionario Democrático, claro está.
Según el relato del Dr. Galindo, algunos comisionados intentaron impedir el cambio, pero todo resultó inútil. Fue imposible salvar la figura de los diputados nacionales, pero lograron que se añadieran 13 circuitos electorales de postulación plurinominal, en los que se aplicaría el principio de representación proporcional de los partidos.
“Estos circuitos fueron constituidos a la carrera, sin ningún criterio científico”, sentenció el Dr. Galindo en su relato.
Mi tesis de licenciatura como abogada fue justamente sobre las reformas de 1983 y el referendum constitucional que les dio vida. Así que decidí desempolvarla para ver si encontraba algún dato que añadir al relato del Dr. Galindo. Algo encontré.
“A partir de la sesión del 18 de marzo de 1983, se empieza a suscitar en el seno de la Comisión problemas con respecto a lo que se estaba aprobando…. El importante tema de la conformación del Órgano Legislativo, el cual había sido objeto de amplias discusiones, y que finalmente había sido aprobado por el Pleno, fue sorpresivamente traído al tapete nuevamente, y alterado completamente su configuración”, escribí en aquel momento.
Mi relato continúa describiendo la molestia de algunos comisionados e incluso la renuncia de alguno (Roberto Arosemena del Partido Nacionalista Popular), así como la inicial oposición de algunos comisionados a firmar el informe final. Oposición que cedió para salvar el resto de las reformas.
Como se sabe, aquella fórmula dio vida a unos circuitos electorales que han provocado una alta desproporcionalidad en la Asamblea Nacional, así como diputados con visiones localistas y clientelares.
Esa desproporcionalidad en la conformación del Órgano Legislativo se hizo aún mayor en beneficio de los partidos mayoritarios a partir de 1994, con la reforma al Código Electoral que introdujo una fórmula de asignación de los escaños por residuo en los circuitos plurinominales que rompe con el principio “un hombre (o una mujer), un voto”. Un horror que sigue vigente.
Las reformas constitucionales de 2004, pusieron límite al crecimiento de la Asamblea y mejoraron algo el sistema, eliminado algunas de las restricciones para la conformación de los circuitos. Pero ese mandato constitucional es letra muerta, porque implica un cambio de legislación que los diputados no están dispuestos a realizar.
Así llegamos a este intento de reformar el Código Electoral a pocos meses de las elecciones generales y sin que tengamos claridad de qué es lo que están cambiando y para qué. Todo indica que las noticias sobre alianzas de partidos tiene muy preocupados a algunos.
Yo le diría a los diputados que piensen bien y estudien la historia. Aquella terrible reforma de 1994 que propició una mayor desproporción con un reparto antidemocrático del residuo, perjudicó precisamente a aquellos que la impulsaron. Piensen bien.
La autora es presidenta de la Fundación para el desarrollo de la libertad ciudadana, TI Panamá
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