El pasado 9 de agosto, cinco años y unos días después de que el caso de los pinchazos iniciara su tránsito por el maltrecho sistema de justicia panameño, se impuso la impunidad. Nada raro si se analiza con detalle lo sucedido.
Veamos. Tras la pérdida de las elecciones y el asombro inicial, vino la acción. Se desmantelaron las oficinas donde operaban los pinchadores, desaparecieron los implicados y empezó la operación de negar lo sucedido.
Durante el juicio, supimos que las nuevas autoridades, entre ellas el nuevo director del Consejo de Seguridad, Rolando López, localizaron en Boquete al que luego sería conocido como “testigo protegido”, quien había sido trasladado antes del cambio de mando. Se trataba de uno de los miembros del equipo encargado de las escuchas.
También supimos que los días 27 y 28 de julio de 2014, el testigo se reunió con gente del Consejo de Seguridad y con el expresidente Juan Carlos Varela, lo que es normal teniendo en cuenta la gravedad de lo sucedido y los peligros a los que se expondría al testificar. Los ataques por esa reunión han sido de antología.
El 29 de julio, el testigo protegido inició el proceso de rendir declaración ante la Fiscalía Auxiliar. En ese momento, la procuradora de la Nación era aún Ana Belfon, designada por Ricardo Martinelli en sustitución de José Ayú Prado quien, como se sabe, pasó de fiscal a procurador y de allí a magistrado de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo su presidencia.
Según relató durante el juicio el perito del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Luis Rivera Calle, el 22 de agosto de 2014 se realizó una reunión en la sede del Consejo de Seguridad, con el objetivo de obtener y extraer de los equipos, la información relacionada con las escuchas telefónicas y otras violaciones a la intimidad.
Rivera Calle agregó que el proceso se hizo sin cumplir con la llamada cadena de custodia de pruebas, a pesar de que unos días antes se llevó a cabo una reunión de coordinación en el despacho de la procuradora Ana Belfon, con la participación del fiscal a cargo del caso, Marcelino Aguilar.
El perito explicó también, que al momento de hacerse la recuperación de los correos que evidenciaban la invasión de la privacidad, no existía un manual ni procedimiento claro para el manejo de la evidencia. Es decir, al descartar los documentos, los juzgadores aplicaron normas del Sistema Penal Acusatorio, que no estaban vigentes al momento de hacerse la diligencia.
Sin duda, las metidas de pata y manejos inapropiados del director del Consejo de Seguridad y del Gobierno de Juan Carlos Varela, son del Guinness. Sin embargo, nada de eso borra lo sucedido y acreditado una y otra vez por los testigos que desfilaron frente a los jueces durante la audiencia.
Como sabemos, nadie vio al expresidente Ricardo Martinelli dar la orden de vigilar a políticos de oposición, periodistas y activistas, así que no fue posible vincularlo al delito, según el kafkiano análisis jurídico de los jueces. Su nombre tampoco estaba en los correos, así que de nada hubiera servido que no hubiesen sido descartados.
Pero a pesar de la infamia, queda la historia. Queda su conocido intento de que la embajadora de Estados Unidos le permitiera usar el sistema de la agencia antinarcóticos para vigilar a sus “enemigos políticos”. Queda su viaje a Israel en marzo de 2010, justo donde están los señores de Pegasus, el efectivo sistema invasor de la privacidad. Queda el cambio que ese mismo mes le hizo a la ley que regulaba el Consejo de Seguridad para que solo él y su ministro de la Presidencia, entonces Demetrio Papadimitriu, controlaran lo que sucedía en el Consejo.
También nos queda su presurosa huida del país, con parada en el Parlamento Cetroamericano (Parlacen), su arresto en Miami, el exquisito fallo del juez Edwin Torres que aprobó la extradición, el proceso en la Corte Suprema, el ejército de abogados, los recursos sin fin.
Finalmente nos queda su nueva escapada de la justicia renunciando al Parlacen, para quedar en manos de jueces designados con el dedo por José Ayú Prado y sus colegas. Un círculo perfecto de impunidad.
La autora es periodista, abogada y directiva de la Fundación Libertad Ciudadana
