‘Código Procesal Civil’: la tutela judicial efectiva

La tutela judicial efectiva es el derecho que tiene toda persona a ejercitar la defensa de sus intereses legítimos ante la justicia, con la correspondiente intervención de los tribunales, asegurando que haya un pronunciamiento de parte de un juez sobre el reclamo del particular. La jurisprudencia del pleno de la Corte Suprema de Justicia ha considerado este derecho como una derivación del debido proceso, sin embargo, en algunos fallos, se ha decantado, el máximo tribunal, en considerar el mismo como una garantía fundamental independiente con sus propias connotaciones.

El recientemente aprobado Código Procesal Civil (Ley 402 de 2023) reconoce una serie de principios y reglas comunes (artículo 1), las cuales están en vigencia desde la promulgación de la ley, el 11 de octubre de 2023; dentro de estos principios rectores está la tutela judicial efectiva, definiendo esta como el “derecho a acudir a la jurisdicción civil para el ejercicio o reconocimiento de sus derechos sustanciales o para la defensa de sus intereses o de las relaciones jurídicas que le conciernan”; incluyendo adicionalmente como arista también, de este principio, el derecho a obtener una sentencia motivada, en un plazo razonable y la ejecución de la decisión.

En el ámbito del proceso civil este principio cobra especial relevancia, ya que se busca garantizar que las partes involucradas en un litigio reciban una protección adecuada por parte de los órganos jurisdiccionales en el curso de la causa; para hacer efectivo este principio cardinal en el proceso civil, es fundamental cumplir algunas medidas y estrategias:

1. Acceso a la justicia: es importante eliminar barreras económicas, geográficas o culturales que puedan obstaculizar el acceso a la justicia.

2. Plazo razonable: Es fundamental que los procedimientos se desarrollen de manera ágil y eficiente, evitando dilaciones injustificadas que puedan mermar la efectividad de la protección judicial.

3. Debido proceso: implica que las partes tengan la oportunidad de ser escuchadas, presentar pruebas, y recibir una resolución motivada y fundada en derecho.

4. Decisión fundada: Las resoluciones judiciales deben estar debidamente fundamentadas en derecho, explicando de manera clara y razonada los motivos que sustentan la decisión del tribunal.

5. Ejecución de las resoluciones: esto implica garantizar que las partes cumplan con lo dispuesto en la sentencia y que se adopten las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos por el juez.

Es menester indicar que el hecho de que la pretensión, o cualquier tipo de petición, sea negada por el Tribunal, no implica una violación a esta garantía, toda vez que la decisión negatoria, si es emitida de forma motivada y en cumplimiento del procedimiento establecido, efectiviza la tutela judicial en la causa, como bien sentenció el Pleno de la Corte en fallo de 14 de noviembre de 2013, cuando señaló que esta garantía “no es un derecho absoluto e incondicional, sino un derecho de configuración legal que se satisface no sólo cuando el Juez o Tribunal resuelve sobre las pretensiones de las partes, sino también cuando inadmite una acción en virtud de la aplicación, razonada en Derecho y no arbitraria, de una causa legal”.

En conclusión, para hacer vigente la tutela judicial efectiva, en el proceso civil, es necesario asegurar un acceso real y equitativo a la justicia, respetar el debido proceso, garantizar una resolución fundamentada y una ejecución efectiva de las decisiones judiciales. Solo a través del cumplimiento de estas acciones, por parte del juzgador civil, se podrá garantizar una protección judicial efectiva de los derechos de los usuarios del sistema de justicia.

El autor es abogado.