En un artículo anterior, quisimos levantar la alerta contra los defensores de las medidas extremas de recorte estatal como las que se han implementado en la República Argentina durante el primer año de gobierno de Javier Milei. Consideramos que el enfoque de “motosierra” es errado y profundamente dañino para la sostenibilidad del crecimiento económico y el bienestar de la población a mediano y largo plazo.
En el caso de Panamá, si bien la situación de descalabro económico y fiscal está lejos de ser tan catastrófico como el del hermano país austral, no hay duda de que se requiere con urgencia la aplicación de un programa de reducción del gasto público que sea inteligente, estratégico, sostenible, con rostro humano, aplicado no con machete sino con bisturí. De no hacerse de forma inmediata, el país arriesga serias consecuencias en el plano económico y social, arriesgando entrar en un ciclo insostenible de endeudamiento, pérdida de calificación de riesgo y creciente desempleo y pérdida de inversiones.
A continuación, se describe un enfoque detallado para realizar recortes sostenibles y estratégicos al presupuesto del gobierno de Panamá a partir de 2025 y más allá, con el objetivo de mantener los servicios básicos esenciales y la inversión en infraestructura, promover una mejor distribución del ingreso y reducir gradualmente el déficit fiscal.
1. Optimización del gasto público
Por un lado, es imprescindible acometer la reducción del gasto en servicios generales y operativos mediante, primero, la digitalización de procesos administrativos y la implementación de plataformas digitales para reducir el gasto en papel, transporte, y tiempo administrativo. En segundo lugar, evitar la duplicidad de funciones gubernamentales, consolidando instituciones y programas redundantes para mejorar la eficiencia, así como promover el uso compartido de infraestructura y recursos, mediante acuerdos entre ministerios y agencias para compartir oficinas, vehículos y otros recursos.
Por otro lado, es necesario un programa agresivo e integral de auditorías y revisión de contratos públicos y de servicios tercerizados para renegociar tarifas, eliminar servicios no esenciales o reducir costos, así como auditorías periódicas para identificar y corregir gastos innecesarios, fraudes o malos manejos financieros. La impunidad de los corruptos actuales y pasados tiene que terminar de una vez por todas para que estas medidas sean creíbles y sostenibles.
2. Reformas en el gasto de personal
La contención del crecimiento de la planilla estatal es una tarea urgente, mediante la eliminación de “botellas” y el congelamiento temporal de contrataciones en áreas no críticas mientras se realiza una revisión estructural, priorizándo las contrataciones de proveedores de servicios técnicos en educación, salud, y sectores estratégicos. A su vez, se debe acometer la eliminación de salarios desproporcionados y beneficios injustificados para altos funcionarios, como los viáticos excesivos, junto con la revisión de pensiones y jubilaciones especiales, ajustándose a estándares sostenibles.
3. Reducción de subsidios ineficientes
Se debe hacer una focalización de los múltiples subsidios, mediante una revisión de programas de subsidios generales (como los del combustible y la electricidad) para transformarlos en subsidios focalizados a las familias de menores ingresos. Esto conlleva la implementación de un sistema de verificación de las personas con ingresos más robustos para reducir el acceso indebido. Por otro lado, en cuanto a los numerosos subsidios empresariales, se deben eliminar las exoneraciones fiscales y apoyos a grandes empresas no estratégicas, priorizando aquellos para las pequeñas y medianas empresas.
4. Revisión de programas y proyectos de inversión
La priorización de proyectos de infraestructura debe orientarse en primer lugar a los que sean de alto impacto social y económico, como las educativas, de salud, y transporte público, postergando aquellos que son no esenciales o que tengan un bajo retorno de inversión en el corto plazo. Por otro lado, debe ampliarse el uso de las Asociaciones Público-Privadas (APP) para financiar proyectos de infraestructura, reduciendo la carga directa sobre el presupuesto estatal, asegurándose que los contratos de APP sean transparentes y equitativos para evitar futuras deudas excesivas.
5. Mejora de la eficiencia en compras públicas
Las compras en el sector público deben ser consolidadas, mediante sistemas de compra conjunta para aprovechar economías de escala, así como subastas y licitaciones digitales para mejorar la transparencia y reducir costos, con la revisión de la gestión y centralización de inventarios para evitar sobre compras y escasez de insumos críticos.
6. Impulso de reformas tributarias progresivas
Aunque no sea un recorte directo, se puede complementar el esfuerzo fiscal mediante el incremento en la fiscalización de grandes contribuyentes para combatir la evasión tributaria, la revisión de exenciones fiscales y beneficios para sectores de altos ingresos o con menor impacto social y la aplicación de impuestos selectivos al consumo de productos no esenciales o dañinos (por ejemplo, bebidas alcohólicas, tabaco).
7. Inversión estratégica para reducir desigualdades
Se debe mantener la inversión prioritaria en educación y salud, enfocándose en regiones con mayor rezago, así como en la infraestructura básica en zonas rurales que garantice los servicios esenciales (agua potable, electricidad, internet) para reducir brechas sociales. A su vez es preciso desarrollar programas sociales con resultados medibles enfocados en reducir la pobreza, pero con mecanismos de monitoreo y evaluación estrictos para evitar mal uso de los fondos.
8. Reducción del gasto de seguridad no estratégica
Los problemas de seguridad se deben abordar de forma integral, reevaluando el presupuesto de seguridad y priorizando inversiones en inteligencia y tecnologías, mientras se reduce el gasto en personal y armamento no esencial.
El impacto esperado de un programa como el descrito incluiría la reducción del déficit fiscal mediante un uso más eficiente de los recursos y una focalización en sectores prioritarios, una mejor distribución del ingreso, al enfocar los recortes en áreas que no afecten a las poblaciones más vulnerables, el fortalecimiento de servicios básicos gracias a la reasignación estratégica de fondos y la sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo al evitar recortes abruptos y mantener la inversión en sectores clave. Como puede verse, este enfoque combina medidas estructurales con acciones inmediatas, garantizando una transición fiscal ordenada y equitativa. No buscaría destruir el Estado mediante un asalto con motosierra, sino salvar el paciente enfermo con el uso inteligente de un bisturí y el compromiso con su bienestar y larga vida.
El autor es médico salubrista.
