Gracias a lo reportado por agencias internacionales de noticias, los panameños finalmente nos enteramos, hace un par de semanas, que la empresa española Sacyr, integrante del consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), ha demandado a la República de Panamá por supuestos daños y perjuicios que una información considerada como insuficiente previa a la construcción del tercer juego de esclusas (2007-2016) le habrían ocasionado. Sacyr argumenta que nuestro país ha violado ciertas obligaciones pactadas en el Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre España y Panamá, vigente desde 1998. A su vez, el artículo XII de este acuerdo determina que en “toda controversia relativa a las inversiones que surja entre [las partes] . . . el inversor podrá someterla . . . a un tribunal de arbitraje ad hoc establecido de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional”.
Según la misma norma, el arbitraje “se basará en las disposiciones del presente acuerdo y las de otros acuerdos concluidos entre las partes contratantes, las reglas y los principios generalmente admitidos de derecho internacional, y el derecho nacional de la parte contratante en cuyo territorio se ha realizado la inversión, incluidas las reglas relativas a los conflictos de ley”.
Para sorpresa del país, el inicio de este proceso arbitral habría sido notificado a nuestras autoridades seis semanas antes de la noticia, sin que ninguna hubiera roto el silencio haciéndolo público. En esos días -nos enteramos ahora- el gobierno contrató con premura a una reconocida firma estadounidense de abogados, Foley Hoag LLP, para representar al Estado panameño en dicho proceso.
El jefe del departamento de litigios y arbitrajes internacionales de esa firma forense, como socio principal y de mayor experiencia en estas materias, es Paul S. Reichler, un abogado de extensa práctica en tales controversias. Reichler se dio a conocer a mediados de la década de los años 80, con su participación como asesor legal del gobierno sandinista de Nicaragua -al que asistía como consejero desde 1979, cuando laboraba en la firma Arnold & Porter- en el caso “Actividades militares y paramilitares contra el Gobierno de Nicaragua (Nicaragua vs. Estados Unidos)”, decidido en sus méritos por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 1986. Resultado de este caso, un espectacular triunfo judicial obtenido sobre Estados Unidos en La Haya, fue que Reichler se mantuviera, en las décadas siguientes, como el abogado internacional preferido de Nicaragua. Los múltiples procesos que Nicaragua, bajo autoridades sandinistas, ha enfrentado ante la CIJ, han sido generalmente de la mano personal de Reichler, siendo el más reciente el de “Delimitación Marítima en el Mar Caribe y el Océano Pacífico (Costa Rica vs. Nicaragua)”, decidido en febrero de 2018.
Tan antigua y profunda es la cercanía de Reichler con los jerarcas sandinistas -a quienes también les ha atendido casos en tribunales estadounidenses- incluyendo a su inmutable presidente, Daniel Ortega, que desde hace muchos años es informalmente llamado por ellos “Compañero Paul”.
La proximidad de Reichler hacia los gobernantes nicaragüenses quizá no sería un impedimento para representar al Estado panameño en el proceso iniciado por Sacyr, si no fuera porque de acuerdo con declaraciones del administrador de la ACP, Jorge Luis Quijano, recogidas por medios nacionales y extranjeros, la ACP “entregará toda la información disponible al Estado panameño para que este pueda defenderse de la demanda”.
Según Quijano, “vamos a tener que suministrarle mucha información porque somos los que tenemos la información que ellos necesitan”. Si el valioso material de los estudios, informes, evaluaciones, cálculos, contratos, finanzas y ejecución del proyecto de ampliación del Canal -documentos que en su gran mayoría la ACP mantiene bajo reserva y son desconocidos hasta para el pueblo panameño- estuviera de repente accesible al Gobierno nicaragüense, sin duda le sería muchísimo más fácil a Nicaragua convertir su tan añorado pero accidentado canal -un proyecto conjunto de empresarios de la República Popular China con los sandinistas- en una realidad.
¿Están el Gobierno panameño y la ACP dispuestos a correr ese riesgo?
El autor es abogado y doctor en Derecho Internacional.
