Por más optimistas que seamos, el futuro de nuestro país se torna muy oscuro cuando de la justicia se trata. De nada habrá servido la batalla actual que libra el Ministerio Público contra los funcionarios corruptos de las pasadas administraciones en el tema de Odebrecht si todo terminará en manos de un juez que –menú en mano- le pondrá precio al fallo que desea al abogado de la defensa. Cien veces más importante que la Asamblea Nacional, ningún gobierno reciente le ha prestado la atención que la justicia se merece en nuestro país. No se equivoque amigo lector, sin justicia nunca habrá verdadera democracia.
Negar que el sistema judicial de Panamá es corrupto y que muchos de los abogados que en él se mueven también, más allá de ser ingenuo, es ser cómplice. En Panamá se escucha abiertamente, entre los abogados litigantes, qué jueces aceptan coimas y qué abogados se contratan para darlas. Es sabido que el fallo no depende de la ley, ni de la pericia del abogado, sino del juez al que le tocó el caso. De nada sirvieron las declaraciones, hace más de una década, del magistrado Adán Arnulfo Arjona ni las más recientes del magistrado Harry Díaz. Sigue apestando la cloaca en que se ha convertido nuestro sistema judicial.
Siempre me he preguntado cómo pueden seguir trabajando los litigantes honestos en un país en que la justicia se compra. ¿Serán masoquistas o les basta levantarse diariamente con la esperanza de que les asignen su caso a los pocos jueces que fallan en derecho? ¿Qué debe sentir el abogado que se ha preparado y ha fundamentado su argumento en derecho solo para ver a un juez irse de vacaciones y que su suplente le falle en contra en dos días? ¿O saber que el juez está“comprometido” con la otra parte?
Conozco de contratos mercantiles con cláusulas arbitrales que, rechazados por varios juzgados civiles por falta de competencia y remitidos a la justicia arbitral, en manos del abogado indicado encuentran milagrosamente un juez que se salta olímpicamente la cláusula arbitral y encima dicta y trata de ejecutar una medida conservatoria que fue decretada inconstitucional hace años.
Nada del esfuerzo que está haciendo el actual Ministerio Público valdrá la pena cuando los casos caigan en manos de los juzgados panameños corruptos. Su esfuerzo será en vano y la población no podrá sentir justicia cuando a los abogados indicados les toque el juez indicado. Este fracaso gigantesco de nuestra clase política ha permitido que la corrupción pulule por años desde los juzgados municipales hasta la Corte Suprema de Justicia. El sistema ha permitido que un grupo de abogados, que solo defienden a clientes de dudosa reputación, se conviertan en el referente de la justicia panameña dando entrevistas y conferencias de prensa cual estrellas de cine.
Llegará el momento en que la ciudadanía decidirá no acatar los fallos de los jueces corruptos y entonces estaremos ante un Estado fallido. Las multinacionales que se establecieron en Panamá se irán ante la realidad de que la justicia panameña tiene precio. ¿De qué habrá servido tener grado de inversión si vivimos en un país en que la justicia se compra y se vende? Olvídense de la Asamblea Nacional, eso es un ente político, eso no tiene arreglo. ¿Pero el Órgano Judicial? ¿Qué clase de país queremos?
Le propongo al Gobierno crear una comisión de abogados de trayectoria intachable que reciba en forma anónima, para su revisión, fallos en que las partes afectadas consideran hubo la posibilidad de que se haya alentado al juez a inclinar la balanza.
Quizás Panamá debería firmar un mandato con las Naciones Unidas para la creación de una comisión independiente (como el modelo usado en Guatemala) cuya finalidad sea apoyar al Estado en la investigación de los posibles delitos cometidos por integrantes del Órgano Judicial. Así podrán identificar, dar seguimiento y castigar, con toda la fuerza de la ley, a los jueces que se aprovechan de su cargo. Es la peor traición que se le puede hacer a la sociedad; que un juez venda sus fallos y perjudique a una persona o empresa para ganarse unos reales.
No tener un sistema judicial honesto y equilibrado nos mantendrá en el tercer mundo, aunque tengamos un metro que nos lleve a David, Chiriquí, en dos horas. El Órgano Ejecutivo debe velar por que se otorgue justicia en este país y no se puede desentender de esta tarea fundamental.
El autor es abogado
