Un hecho reciente ha pasado un tanto inadvertido: la admisión de la demanda de inconstitucionalidad contra la condena del expresidente Ricardo Martinelli. Y a mi estas cosas me huelen mal, en especial, porque siempre están involucrados los mismos magistrados, cuyos fallos han sido objeto de consuetudinarios y serios cuestionamientos que han dejado una larga y justificada estela de dudas. Eso, sin contar que hasta hace poco la Corte Suprema era un mercado en el que se vendían sentencias a la medida por el precio correcto.
Como para tranquilizarnos, dicen que la admisión de la demanda no significa que le darán la razón a los abogados. Si es así, ¿para que admitirla? Es un hecho -nada tranquilizante- que si la admiten es porque hay posibilidad -nada remota- de que están considerando anular la sentencia. Y en virtud de su bien ganada reputación en el pasado, no dudo de que estamos frente al peor escenario imaginable sobre este asunto.
En el fallo de la Corte sobre la constitucionalidad de la candidatura de José Raúl Mulino, emitido horas antes de las elecciones, los magistrados apelaron a los valores de la democracia para justificar su sentencia: esta “decisión -decían- debe adoptarse con visión de Estado y en defensa a los derechos, valores y principios constitucionales y derechos humanos, acentuando el espíritu de la Constitución que se encuentra concentrado en su Preámbulo: “...garantizar la libertad, asegurar la democracia y la estabilidad institucional...”.
Este texto es importante. En primer lugar, la condena de Martinelli en esta demanda deja de ser importante si es culpable de habernos robado. Lo importante es un tecnicismo: si lo protege el principio de especialidad, el mismo que Estados Unidos ya dijo que no es aplicable a él. Lo que busca el expresidente es blindarse para ser inalcanzable. Pero justo porque no era aplicable esa especialidad, Martinelli fue juzgado y condenado en un juicio en el que se le garantizaron sus derechos. Entonces, aludiendo las palabras de la sentencia a favor de la candidatura presidencial de Mulino, pregunto a los magistrados sobre su visión de Estado y su supuesta defensa a los derechos humanos. ¿Por qué revisar una sentencia emitida con base a un sólido caudal probatorio que no dejó dudas de su culpabilidad? ¿Qué hay de la defensa de los valores democráticos? ¿Eliminar la sentencia a un criminal que atentó contra nuestros derechos humanos es su visión de Estado? La impunidad no es un valor democrático… ¡Es un repugnante vicio y que, encima de todo, aquí ha reinado por décadas!
Creo que la justicia debe estar por encima de todo. No puede primar sobre el Estado -o sea, sobre todos nosotros- el interés de un individuo que nos robó a todos millones y millones de dólares, y menos cuando todo su proceso judicial fue respetado, según el Ministerio Público que encabeza una persona nombrada por su gobierno. La sentencia condenatoria es prueba incontrovertible de que el demandante actuó como un delincuente. ¿Y ahora nos quiere hacer creer que no se respetó un tecnicismo que Estados Unidos asegura que no es aplicable a Martinelli?
Pero hay algo más. Si los magistrados acogen como válidos los argumentos de los abogados de Martinelli, me pregunto si esa impunidad se extiende al caso Odebrecht. Los hijos de Martinelli confesaron sus delitos en Estados Unidos sobre Odebrecht, y dejaron claro la complicidad y autoría intelectual de su padre en este robo. Si los magistrados hacen lo que seguramente harán, les propongo eliminar la palabra Justicia y ajustamos el nombres según la forma en que actuarían los magistrados: Corte Supina de Impunidad.
Y el antecedente que dejarán: Ya veré a todo el mundo demandando la inconstitucionalidad de sus sentencias, aboliendo eso de que los fallos de la Corte son definitivos, inapelables y de obligatorio cumplimiento. Sería, además, una Corte que actuaría como juez y parte, porque después de emitir sentencia, ella misma decidiría si es constitucional o no. Es absurdo, y eso, definitivamente no es justicia, ni siquiera llegaría a ser el sutil reflejo de “asegurar la democracia y la estabilidad institucional”. A mi modo de ver, creo que analizar esas pretensiones es actuar contra su propia institucionalidad, contra la justicia y contra la democracia.
