El año que finaliza (2024) nos presenta una realidad mundial marcada por la guerra proxy en Ucrania, el genocidio de Israel contra el pueblo palestino en Gaza y la agresión militar en el Líbano y, más recientemente, en Siria; así como otros conflictos regionales que amenazan la paz mundial.
Asimismo, el conflicto geopolítico entre las grandes potencias por el nuevo reparto del mundo (mundo unipolar vs. mundo multipolar) sitúa en el medio a pequeños estados como la República de Panamá, que se debate entre el sometimiento imperial y la lucha por la soberanía, la autodeterminación y la independencia nacional.
En el plano político, económico y social local, la situación es compleja, marcada por un estado de ánimo colectivo que parece “normalizar” las malas prácticas de gobernanza. Esto se traduce en corrupción en las altas esferas del poder, que han prevalecido durante los últimos 35 años.
Por ejemplo, en los últimos 25 años, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha reportado al gobierno ganancias por más de 27 mil millones de dólares. Solo durante el gobierno del expresidente Laurentino Cortizo, esa suma alcanzó alrededor de 10 mil millones de dólares. Sin embargo, en ese extenso período, los gobiernos de la plutocracia corrupta y clientelista no han podido, o querido, construir siquiera el nuevo hospital oncológico nacional, cuyo costo inicial es de 72 millones de dólares. Para el presupuesto de 2025, se ha asignado la irrisoria suma de 20 millones de balboas.
En la esfera económica, los indicadores son alarmantes. La mitad de la población económicamente activa se encuentra en la informalidad laboral, es decir, más de un millón de panameños sobreviven con menos de dos dólares diarios. Además, el 10% de las personas en edad de trabajar carece de empleo formal.
Mientras tanto, la élite financiera hegemónica, que ha consolidado un gobierno cleptocrático, ha contratado préstamos por más de 50 mil millones de dólares, lo que representa cerca del 70% de la relación deuda/PIB. El déficit fiscal alcanza el 7% y la evasión tributaria ronda los cuatro mil millones de dólares anuales.
La situación social refleja una exclusión alarmante en los servicios públicos. Aproximadamente el 25% de la población carece de agua potable las 24 horas del día y, de manera absoluta, el 10% de los panameños más pobres. En cuanto a la seguridad ciudadana, está ausente de las políticas públicas del Estado. En Panamá, se registran dos homicidios diarios y las autoridades policiales atribuyen estos crímenes a “guerras entre pandillas” o “ajustes de cuentas”, como si no tuvieran la responsabilidad de prevenir y evitar la pérdida de vidas humanas.
Al inicio de 2025, el pueblo panameño deberá enfrentar tres grandes desafíos:
El primer desafío es el intento del “gobierno 100% empresarial” de privatizar el fondo general de reserva de la Caja de Seguro Social (CSS), implementar medidas paramétricas, mantener cuentas individuales y aumentar la edad de jubilación en el programa de invalidez, vejez y muerte (IVM), según lo planteado en el proyecto de ley 163 de 2024.
El segundo desafío es la disposición del gobierno de la plutocracia corrupta y clientelista de “abrir para cerrar la mina de cobre”, lo que pretende violar la Constitución y el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato ley 406 entre la República de Panamá y Minera Panamá, S.A.
El tercer desafío es la amenaza abierta del presidente electo de Estados Unidos, quien, con el chantaje de tomarse el Canal, busca alinear al gobierno de José Raúl Mulino en la disputa geopolítica y comercial con la República Popular China, recurriendo a la “política del gran garrote” y a la injerencia en los asuntos internos de otros estados, tal como lo proclamó Donald Trump.
¡Así de sencilla es la cosa!
El autor es abogado y analista político.
