No es un secreto que los altos niveles de corrupción han acorralado la sostenibilidad de la Caja de Seguro Social (CSS), creando una situación angustiante para la seguridad social de los panameños. Paradójicamente, muchos de los responsables de esta crisis alzan su voz proponiendo soluciones. Sin embargo, es esencial permitir que el diálogo sobre la reforma de la Ley de la CSS se desarrolle sin interrupciones, en un marco de responsabilidad y basado en cifras y proyecciones, sin perder de vista la humanidad que debe guiar las nuevas reformas.
La CSS, fundada mediante la Ley 23 del 21 de marzo de 1941 bajo la administración de Arnulfo Arias Madrid, ha enfrentado problemas administrativos y un manejo ineficiente de recursos desde sus primeros años. Sobornos, contratos irregulares y desvío de fondos han marcado su historia, erosionando la confianza de los panameños en esta institución. Durante la década de 1980, en el contexto de la administración militar, surgieron varios escándalos de corrupción que quedaron impunes. Entre ellos, destacan el desfalco en la compra de equipos médicos y medicamentos adjudicados a empresas vinculadas a funcionarios, y el proyecto de viviendas de la CSS, donde nunca se construyeron las casas, causando pérdidas millonarias.
En los años 90, los partidos políticos descubrieron que la solvencia de la CSS podía ser utilizada como un “cajero automático” para beneficiar a funcionarios y allegados. Esto llevó a nuevos escándalos, como el caso de los “hospitales imaginarios”, donde se detectaron pagos por trabajos inexistentes y proyectos ficticios. Aunque se presentaron denuncias, las investigaciones fueron lentas y pocos responsables enfrentaron consecuencias, profundizando el déficit de la institución.
El nuevo milenio trajo más casos de sobornos, comisiones indebidas y manipulación de licitaciones públicas. Titulares sobre contratos falsos, compras irregulares, sobrecostos y mal manejo de recursos se volvieron recurrentes. Pero quizás el mayor desfalco ha sido el del fondo de pensiones: entre 2015 y 2017, se denunciaron desvíos de dinero destinado al pago de jubilaciones para financiar actividades ajenas a la seguridad social.
La década de 2020 y la llegada del covid-19 acentuaron estas irregularidades. Compras cuestionables de vacunas y equipos médicos, la pérdida millonaria de medicamentos expirados, y la desaparición de más de 19,000 dosis de fentanilo son solo algunos de los escándalos recientes que quedaron sin culpables.
Cada acto de corrupción ha agravado la crisis de la CSS, proyectando un déficit actuarial de más de 70 mil millones de dólares. Para dimensionar esta cifra, equivale a 11 veces el costo de la ampliación del Canal de Panamá o a 13 proyectos como la línea 3 del Metro, incluyendo el cuarto puente sobre el Canal.
La gravedad de la situación radica no solo en el daño económico, sino también en la impunidad. La justicia no ha alcanzado a los responsables de estos desfalcos multimillonarios, mientras que las voces de algunos cómplices o allegados a quienes permitieron estos crímenes siguen presentes en los debates sobre la reforma de la Ley de la CSS. Esto no solo indigna, sino que plantea serias dudas sobre el futuro de la seguridad social en Panamá.
El autor es especialista en relaciones internacionales.
