Las declaraciones del administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ricaurte Vázquez, en las que señala que “Panamá necesita diez embalses en los próximos 50 años”, corresponden a la instancia superior institucional del Estado, es decir al Ejecutivo o su representante en la junta directiva de la ACP.
Por supuesto que el administrador está en libertad de recomendar, sugerir a la directiva que preside el ministro de Asuntos del Canal, Aristides Royo, quien representa al Ejecutivo en el seno de la ACP, pero no debe hacer estos anuncios por su cuenta, pues confirma la ausencia del principio de autoridad y cadena de mando. Sería oportuno que nos informara cuál es el estudio que sustenta estas conclusiones.
Quizás quiso referirse a 10 acueductos inteligentes futuristas, que sería lo más conveniente. No se requieren grandes embalses, para abastecer a la población de agua. La tendencia mundial es evitar al máximo las presas, toda vez que confinan bajo sus aguas y para siempre extensiones de tierras valiosas de aluvión y bosques de alta biodiversidad que producen y almacenan aguas para la producción de alimentos al hombre, fauna, flora y desarrollo humano.
Nos da la impresión que el doctor Vásquez se empeña en derribar o derogar la Ley 28 de 2006, que prohíbe a la ACP la construcción de embalses para el funcionamiento del Canal, fuera de su jurisdicción. Segundo, anular el compromiso del Estado ante el soberano sellado en aquel referéndum del 22 de octubre de 2006 que aprobó la construcción del tercer juego de esclusas, que involucra además o vincula la seguridad para siempre de mantener la ACP confinada en sus predios legales de más de 530 mil hectáreas.
Desde aquel referéndum precisamente deriva la Ley 28 como freno y garantía a futuro de mantener para siempre este compromiso. Quisiéramos llamar la atención a los 3 Órganos del Estado en lo siguiente, Si la Ley 28 es una de las consecuencias del citado referéndum se requeriría de otro referéndum para eliminar esta. No se trata de una ley ordinaria, pues es una Ley que emerge con fuerza de referéndum.
Vásquez maniobra con experticias inteligentes apoyándose además en la influencia persuasiva del cargo que ostenta, pescando con sendas cañas en el río revuelto en la antesala de las elecciones y postrimerías de la actual administración ya exhausta y de rodillas.
Si bien nuestro Think Tank reconoce que es su deber realizar esfuerzos y diligencias para sostener en el tiempo el canal de esclusas de agua dulce funcionando, no les asiste la razón. Tengamos en cuenta los efectos del cambio climático y otros y fenómenos atmosféricos, que harán más palpable la competencia por el agua entre el funcionamiento del Canal y la subsistencia y desarrollo humano. “¿Cruzamos barcos o tomamos agua?”, señalamos en un artículo hace ya 20 años y a esa encrucijada hemos llegado en un santiamén.
Por supuesto, nuestro grupo no duda que debemos auxiliar nuestro Canal y convertirlo en un potosí de riquezas para el desarrollo nacional. Pero sin permitir que la administración del Canal se salga de su jurisdicción, predios o cuenca y mucho menos que asuma funciones que le corresponden a la institucionalidad del Estado soberano o la República.
Por ejemplo, sería el Estado quien construya el embalse del río Indio y el acueducto de río Bayano, con la participación de la ACP e Idaan para servir a casi 2 millones de habitantes, relevando de ese compromiso a los lagos Gatún y Alhajuela. Claro está con recursos y financiamientos respaldados con de las utilidades de la operación del Canal, pero sin otorgarle las respectivas cuencas como incremento de su patrimonio.
Nuestro Think Tank propone diseñar en armonía con la ACP, la figura jurídica y contractual del derecho al usufructo de sus aguas, hasta recuperar su capital de inversión e intereses. Consideramos que es un argumento baladí y fácil de vencer afirmar que si el Canal no es dueño de estas y otras cuencas no sería sujeto de crédito para el financiamiento de macro obras.
Estos argumentos, se nos ocurre, los tiempos los van dejando atrás, es decir ya son obsoletos y para comprenderlo mejor es conveniente ser consciente que la ACP es una institución bajo el paraguas del Estado soberano panameño y no un Estado paralelo y tanto sus activos, infraestructuras, tierras cuencas y recursos naturales, son patrimonio de la Nación.
Si miramos las cosas bajo el prisma soberano, aunque consideramos acertado y conveniente, haber otorgado la protección del título constitucional XIV a la administración y custodia del Canal de Panamá, es de rigor señalar que ha llegado el momento que la ACP y nuestros gobernantes comprendan que resultaría una imprudencia aberrante, taras y secuelas de nuestro pasado de semi colonia, pretender que se sacrifique el derecho a la vida y desarrollo del pueblo panameño para favorecer la operación del Canal, todo porque nos rinde muchos dólares.
Finalmente, mientras se construye el embalse del río Indio y el acueducto del lago Bayano, el Gobierno actual o el que se instale el 1 de julio próximo debe convocar, mediante concurso internacional, una licitación para realizar los estudios de factibilidad para la construcción de un canal a nivel del mar en el istmo de Panamá, que representaría la obra colosal más importante realizada en el siglo XXI. Cuando inauguremos el canal a nivel desaparecería el conflicto o competencia por el agua dulce, más bien seríamos exportadores de divisas.
Ya para finalizar, deseamos aclarar que no existen estudios confiables para un proyecto de esta magnitud, soñado por Vasco Núñez de Balboa en 1513 y Carlos V en 1534 y los expresidentes de los Estados Unidos, Ulises Grant y William Mckinley en 1848. Incluso, el intento de un canal a nivel en 1881 de Ferdinand de Lesseps resultó un fracaso por la premura e improvisación.
Ha habido otros esfuerzos valiosos como los estudios del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, pero dedicados específicamente al recurso aguas y cuencas, no sobre el canal a nivel.
El autor es exministro de Estado y excomandante de la Guardia Nacional
