Quedan pocos meses para conocer realmente qué futuro le deparará no solo a los cientos de miles de jubilados –y futuros jubilados– del quebrado sistema piramidal conocido como Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido, sino también a todos los que vivimos en Panamá. Este es un problema sistémico que halará fondos de los cotizantes y de todos los que pagamos impuestos en el país.
Las estimaciones hablan de obligaciones que rondan entre los $74,000 millones-$77,000 millones. Solo a manera de contexto, toda la economía del país (medida como el PIB) alcanzó los $78,823.4 millones en términos constantes ($83,382.4 millones en términos nominales) en 2023, según el Ministerio de Economía y Finanzas. Esto nos muestra claramente la magnitud del problema y que no es algo que se podrá resolver solo con un aumento de impuestos, o cambio en las medidas paramétricas, o reduciendo a cero la morosidad ante la aseguradora pública. La solución yace en una propuesta holística que considere no solo la parte cuantitativa, sino también la estructura de nuestro sistema de pensiones, sus bases de seguridad jurídica e institucionalidad, y el enfoque que se le dé a la educación financiera, para crear tanto consciencia del problema como ayudar a que las personas identifiquen claramente la importancia de la responsabilidad individual como base para una sociedad próspera y realmente solidaria.
Si bien los números sirven para dar contexto, el comparar el tamaño del agujero negro contra el PIB de un año en específico realmente no dice mucho, ya que esos $74-$77 mil millones son el acumulado. Siendo así, debemos ver cuánto nos puede costar esto año a año, para tener mayor claridad del impacto en el bolsillo de todos (recordemos que de ahí salen los impuestos). Según un estimado realizado por la Junta Técnica Actuarial de la CSS, si no se implementan reformas paramétricas, el Estado tendría que aportar anualmente $3,234 millones para lograr un equilibrio entre ingresos y egresos hasta el año 2080. Esta suma no es menor, ya que representa más dinero de todo lo que se pagó en ITBMS por ventas ($817 millones), más que lo pagado en Impuesto sobre la Renta de Planillas ($1,571 millones), e incluso más que los aportes del Canal ($2.5 mil millones) en 2023. De implementarse medidas paramétricas, los aportes a realizar varían entre $900 millones a $1,500 millones, dependiendo del escenario analizado. En cualquier caso, las contribuciones que tendrá que dar el estado –y que salen de nuestros impuestos– son importantes.
Las propuestas para reformar no solo el SEBD, sino también el sistema de pensiones como un todo, ya han sido expuestas por diversos sectores. Sin duda la mejor hasta la fecha ha sido la que el sector privado organizado ha presentado, que está basada en tres y que sigue mejores prácticas internacionales. Ahora bien, tocará ver qué sale de las consultas y conversaciones que está sosteniendo el presidente José Raúl Mulino con los distintos actores.
Todo apunta a una apertura hacia una solución holística y a que el presidente se está rodeando de expertos en la materia. El director que se ha propuesto para liderar la CSS no solo es un actuario conocedor del sistema de pensiones, sino que también ha administrado al más alto nivel aseguradoras privadas en Panamá. Esto es algo muy positivo ya que, la CSS es una aseguradora al final del día. Esta asume riesgos contra el pago de un monto y promete una indemnización o atención si llega a ocurrir algún evento amparado por lo establecido en la ley (e.g. enfermedad, vejez). Confiamos que todo el conocimiento y experiencia se verá reflejado en acciones concretas que ayudarán a corregir el rumbo de la institución.
Toca ahora seguir los próximos pasos, posturas y acciones de todos los involucrados. No nos dejemos enredar por cantos de sirena que quieren hacernos creer que el SEBD funciona y que volver a este es la solución; esto solo nos llevaría a la ruina como país. Solo mediante el ahorro, la educación financiera, y la solidez que nos brindaría la seguridad jurídica sobre la propiedad de nuestros aportes para la jubilación, es que podremos tener un sistema de pensiones sostenible, adecuado, íntegro y solidario.
El autor es miembro de la Fundación Libertad
