Los controles de precios repentinos han sido el caballito de batalla del gobierno para calmar a la población. Este se vende como un mecanismo para “garantizar el abastecimiento a un precio razonable”, y es una falacia. Un control de precio coloca un límite a lo que los ofertantes pueden cobrar. Esto hace que los mismos disminuyan las cantidades del producto que ofrecen, porque no les es sostenible ese nivel de ganancias o incluso pérdidas. Esto lleva a que los grupos de la población que necesitan los medicamentos no puedan acceder a estos, a pesar de ya poder pagar el producto al precio controlado.
El problema del precio de los medicamentos empeora con un control de precios. La medida del gobierno de reducir el precio en un 30% para un grupo de 170 medicamentos esenciales es una medida improvisada para tratar de salir del problema oligopólico de la venta de medicamentos. Como resultado, más de 450 farmacias pequeñas tuvieron que suspender operaciones a manera de protesta ante una medida que les genera pérdidas en sus operaciones. Esto ha generado un juego de la papa caliente entre todos los participantes de la cadena de suministro de los fármacos, donde ninguno quiere aceptar responsabilidad sobre la situación. Hablemos del control de precios, las farmacias, las nuevas medidas que propuso el gobierno y dónde se ve el verdadero problema, un oligopolio.
Lo que está sucediendo para las farmacias es que se les exige que tengan un 30% de descuento a un grupo determinado de productos. A este 30% se le agrega un 20% de descuento para los jubilados. Entonces, la farmacia ve esto frente a que varios de estos medicamentos tienen un margen de ganancia de aproximadamente 30%-35%. Lo que impone esta medida es que las farmacias sean las que paguen parte de los medicamentos de los consumidores. Esto compromete la seguridad de los negocios que llevan los fármacos a los consumidores, principalmente viéndose afectados las pequeñas y medianas farmacias. A esta medida el gobierno le suma, días después, obligaciones a los laboratorios internacionales de vender a las empresas distribuidoras a un 30% menos los medicamentos, y a los distribuidores se les obliga el mismo descuento para con las farmacias. Aparte se da la apertura a que las distribuidoras puedan importar medicamentos, que llevada de la manera correcta puede eliminar el oligopolio.
Se considera que el verdadero problema está en la burocracia entre las distribuidoras y el gobierno para la obtención de fármacos. Ya que, por palabras del representante de Distribuidores de Productos Farmacéuticos, la Caja de Seguro Social (CSS) consigue medicamentos a precios muy bajos. Si esto es así, los distribuidores podrían negociar mejores acuerdos o bien hacerlo a través de la CSS. Por lo tanto, esto no es problema de precios, es más, los controles de precios, tal cual se proponen, podrán llevar a un desabastecimiento de medicamentos para Panamá. Este es un problema institucional donde el gobierno ha alimentado que un pequeño grupo se apodere del mercado de distribución, o bien, ha elevado los costos de este mercado de tal manera que todo Panamá ha recibido el golpe de este aumento de costos.
El autor es miembro de Fundación Libertad y estudiante de maestría en QLU
