Si al ministro de Comercio e Industrias le queda alguna gota de dignidad, su renuncia debía haber llegado ayer mismo al Palacio de las Garzas. Contando con la fuerza que la majestad del Estado confiere a tan alto cargo para que, precisamente, haga valer los intereses del país, el funcionario se dejó avasallar por un “concesionario sin concesión”.
En un actuar tan grave o peor que el anterior, se pasó meses maquillando un contrato que había sido declarado inconstitucional. Cómo explicar entonces que él, siendo además abogado, descartó y ocultó las opiniones legales emitidas por el Procurador de la Administración, nada menos que el consultor oficial de los funcionarios. En ellas, le advirtió de una y mil formas que lo que se proponía a hacer era inconstitucional.
La voracidad de los mineros siempre encontró justificación con el argumento de que ahora se pagaría más que antes. Y los panameños se hartaron. Su grito fue inequívoco. ¿Hasta cuándo el único valor que se nos restriega es el de los dólares y centavos, mientras las escuelas se caen a pedazos, no hay citas ni medicinas y el transporte público se canibaliza? ¿Y la decencia, y la equidad? ¿Y nuestros bosques y ríos, todo a la venta?
“Constituye una afrenta a la separación de poderes que, ante una declaratoria de inconstitucionalidad de esta máxima Corporación de Justicia, se haya negociado un contrato de concesión incurriendo en los mismos yerros; y llama la atención el hecho que en el nuevo contrato convertido en Ley No 406 de 20 de octubre de 2023, incluso se mencione el contrato anterior, como si la sentencia de inconstitucionalidad no hubiese sido dictada”.
Fallo que decreta la inconstitucionalidad de la Ley 406 de 2023.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia ha desnudado por completo, tanto al ministro, como al resto del gabinete. Actuaron, inequívocamente, al margen de la Constitución y de los mejores intereses del país, siempre en contubernio con la insaciable cámara de diputados.
¿Y dónde queda la culpa del padre de esta tragedia? Ese que nos prometió el buen gobierno, la prudencia y la honorabilidad, y que todavía no entiende porqué el pueblo se le ha ido encima harto de la corrupción y de la voracidad de sus copartidarios.
Presidente Cortizo, usted lo sabe porque peina canas. Hace rato debió pedir la renuncia a todo su gabinete, como se hacía en Panamá y se acostumbra en las grandes democracias en tiempos de graves crisis y nula credibilidad. Debe ser renovado con gente preparada y de intachable honorabilidad que nos ayude a navegar los meses que faltan y que, además, sean garantes de un torneo electoral intachable.
La lectura del fallo pronunciado por la Corte Suprema es una obligación para todo ciudadano. Primero, porque impuso el imperio de la Carta Magna sobre las leguleyadas. Segundo, porque ha vuelto a poner freno a los años de manipulación, recursos y supuestas aclaraciones de sentencia que llevan ensayando esa sucesión de dueños de un negocio que nació torcido. El mismo entuerto nos lo quisieron embutir nuevamente con el argumento de que crea inversión y empleos, escondiendo siempre la bandera de piratas con la que rastrean su siguiente botín.
La sanción del contrato, mediante una jugada vulgar y ofensiva, fue el detonante del masivo movimiento social que convocó a todo el país. No es solo un rechazo a la minería, sino el repudio a las mentiras, a las planillas brujas, a los atropellos, a una deuda infernal y la imperdonable indiferencia de funcionarios que gobiernan sin contrapesos y a espaldas del pueblo.
El Gobierno lo hizo todo mal: no escuchó a expertos que advertían que el contrato era leonino e inviable; ignoró a los habitantes de los poblados adyacentes a la mina, que denunciaron perjuicios a su entorno ambiental y desdeñó las opiniones de decenas de los mejores juristas del país. Ni hablar de los diputados oficialistas que también son responsables del daño que ha sufrido el país. Reaccionaron con sorna cuando otros votaron en contra, y casi ninguno prestó atención a las repetidas advertencias contra el contrato.
