El domingo 23 de febrero leí el artículo publicado en La Prensa relatando la resistencia de algunos moradores para irse de donde se propone sería un nuevo embalse para suplir las futuras necesidades hídricas del Canal de Panamá, frente a las restricciones impuestas por el fenómeno conocido como El Niño o ENSO, científicamente. Me pareció interesante la serie de notas producidas por el tema. ¿Qué hacemos cuando el bien común choca con los derechos del individuo? ¿Pueden algunos frenar lo que el Estado determina como necesario para el bien del país?
Según la nota, datos preliminares indican que en el área del reservorio hay 538 hogares conformados por 1,714 personas y aún no está claro cuál será el monto de la indemnización, lo cual es entendible si aún no se tiene un inventario meticuloso de tierras y cultivos. Si bien existen importantes elementos intangibles en la pérdida de estas familias, al final, el monto total dependerá de aquellas cosas a las que sí se le pueda asignar un valor monetario.
Soy fiel creyente de que sería imposible construir el canal en el contexto actual. Es importante recordar que para crear el lago Gatún fue necesario inundar áreas que, en estimaciones de los que han investigado el tema, obligaron la evacuación a lo largo del área, de unas 40,000 personas y la desaparición de los más de 22 pueblos existentes en las riberas del río Chagres en ese momento (Marixa Lasso, Erased: The Untold Story of the Panama Canal, 2019, Harvard University Press). Entonces hubo indemnizaciones como lo que ahora se pretende hacer con los moradores de las áreas consideradas para el proyecto de la represa del río Indio, lo cual es justo y propio.
Es perfectamente entendible que la disyuntiva en la que se encuentran estas personas genere respuestas emocionales. Toca, sin embargo, hacer de tripas corazón y evaluar esta situación desde un punto de vista pragmático, teniendo en cuenta que de este proyecto depende el futuro de todo un país. Frente a esta situación, la Autoridad del Canal de Panamá tiene el reto de tomar las decisiones correctas y ejecutarlas bien, procurando ofrecer indemnizaciones justas por esos bienes tangibles y el debido acompañamiento para que estas familias, que en su mayoría se dedican a la agricultura de subsistencia, puedan retomar su forma de vida en otras tierras, sin que se desmejore las condiciones que tenían.
Pero como la gente responde a incentivos, me salta la duda que si el péndulo ahora se puede ir al otro extremo, trayendo consigo el riesgo de que aparezcan “nuevos habitantes” y la inevitable especulación con estas tierras. “El crecimiento poblacional en el área no ha sido significativo que apunte a un elemento de especulación. El censo que se hace define quiénes son los moradores y establece una fecha de corte, es decir, estos son los que nosotros contamos”.
¿Cómo se balancea la necesidad de crear nuevas fuentes hídricas para el beneficio del país, pero a la vez reconociendo los derechos del individuo a la tenencia de una propiedad titulada y el justo precio por perderlo para el bien común? Estas son preguntas que se irán contestando en el tiempo.
El autor es director de la Fundación Libertad.
