A partir de la adopción de la política pública de datos abiertos, en noviembre de 2017, los entes públicos de la República de Panamá tienen la obligación de divulgar todos los datos que fueron definidos como de “información de acceso libre” en la Ley que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) en 2013. Esto es: “Todo tipo de información en manos de agentes del Estado o de cualquier institución pública que no tenga restricción”.
En esta categoría entran datos de diverso tipo, no solo los referidos al ámbito de transparencia en el manejo de la cosa pública, como la planilla estatal, el presupuesto y las compras públicas, sino también los que atañen al desempeño de los servicios públicos regulados por la autoridad nacional, los vinculados con la educación y la salud, en poder del Meduca o del Minsa, entre muchos otros.
Para su mayor divulgación, esto es, para que puedan ser obtenidos por quienes los requieran, sin que se tenga que acudir al proceso de requerimiento de información con base en la Ley 6 de Transparencia, el Estado implementó el Portal de Datos Abiertos, para que estén a “disposición del ciudadano sin restricción de acceso, para su libre uso, reutilización y redistribución”.
Por otro lado, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), a través de la Plataforma ABC, viene fortaleciendo las políticas de acceso abierto a través de dos estrategias: poniendo a disposición de la comunidad científica el acceso a bases de datos y otros tipos de contenido especializado y, al mismo tiempo, promoviendo la visibilidad a la producción científica y tecnológica de Panamá mediante los repositorios institucionales de las universidades y centros de investigación.
El Grupo de Trabajo de Datos Abiertos de Gobierno (GTDA) tiene entre sus funciones evaluar periódicamente la calidad de la información disponible en el portal nacional de datos abiertos de gobierno y generar un reporte público. El último, consolidado a final de marzo, da cuenta de que son muy pocos los entes públicos que ponen a disposición de los ciudadanos (entre ellos, por supuesto, las personas dedicadas a las ciencias) los datos que necesitan para avanzar en sus investigaciones. De acuerdo con este reporte, en el portal de datos abiertos solo están registradas 87 entidades y, de éstas, solo 57 publican datos. Sin pasar a evaluar la calidad de los pocos que se publican, para quienes se dedican a la investigación científica significa algo muy sencillo: no se cuenta con datos.
El estudio de problemas que se hicieron relevantes durante la pandemia, como los relativos, por ejemplo, a la informatización de las escuelas, o a los índices de penetración de acceso a Internet desagregados por provincias y comarcas, requieren datos en poder de las instituciones públicas. Solo por nombrar algunos dentro del campo de las ciencias sociales, sin mencionar los atinentes a las ciencias médicas y de la salud cuya importancia quizás se entienda con mayor facilidad. Sin acceso a estos datos en manos del Estado resulta muy difícil investigar con rigor para orientar las políticas públicas.
El impulso y el desarrollo de la ciencia abierta, entonces, debe verse en tándem con la política de datos abiertos de gobierno. Impulsarla implicar ir más allá de la apertura de las publicaciones, o del ciclo completo de la investigación científica. La ciencia abierta supone también avanzar hacia una institucionalidad abierta, que tenga como base la cooperación interinstitucional.
La apertura institucional también pasa por iniciativas legislativas, como la necesaria adecuación de la Ley de transparencia y de acceso a la información pública, de acuerdo con lo que dictamina la política pública de Datos Abiertos adoptada por Panamá hace casi un lustro, al igual que la promulgación de una ley que dé sustento a la ciencia abierta. Se trata, en todo caso, de una política de apertura integral y transversal a todas los entes del Estado.
La autora es investigadora en el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS-AIP) y miembro del Grupo de Trabajo de Datos Abiertos de Gobierno.
