Si comparamos la conducta del presidente estadounidense Donald Trump hacia Panamá durante su primer periodo presidencial con su conducta actual, detectaremos un giro de 180 grados: de la cooperación a la intimidación. Trump evidenció una actitud amistosa, propia del buen vecino, cuando recibió en la Casa Blanca el 19 de junio de 2017 al entonces presidente Juan C. Varela y, después, cuando el vicepresidente Michael Pence visitó las nuevas esclusas de Cocolí, el 17 de agosto de 2017.
Durante la visita de Varela, Trump manifestó que “el Canal de Panamá está muy bien. Creo que hicimos un buen trabajo en su construcción”. Y en comunicado emitido ese día por la Casa Blanca, “el presidente Trump felicitó al presidente Varela por la ampliación del Canal de Panamá”, reconociendo que este “beneficia tanto a empresas estadounidenses como panameñas, y es un factor clave para promover el crecimiento económico en la región”.
Casi dos meses después, al concluir una breve gira por Argentina, Chile, Colombia y Panamá, Pence visitó las esclusas de Cocolí. Tras recordar que Estados Unidos fue el primer país del mundo en reconocer la independencia de Panamá, Pence dijo que “igual que entonces apoyamos a Panamá, hoy día contamos con Panamá y como amigo”. Y puntualizó: “El Canal de Panamá en sí constituye una manifestación del estrecho vínculo forjado con el coraje de los panameños, la tecnología (know-how) de E.U. y el acero de Pittsburgh”. Y añadió, “resulta impresionante lo que veo hoy aquí. No puedo más que estar maravillado de este magnífico monumento a nuestra asociación”.
Elaborando sobre la ampliación del Canal, ejecutada y financiada por Panamá, señaló que ella “ha generado miles de millones de dólares en inversiones en Estados Unidos, creando empleos muy bien remunerados para nuestra gente en la industria, el transporte y la agricultura. Y los puertos en Estados Unidos se están expandiendo para acomodar a los buques neo-Panamax”.
Pero en su segunda versión en la Casa Blanca, Trump ha dado un giro de 180 grados a su política exterior, para adoptar la intimidación usando como arma el poder económico de EU. Su inquietud por el Canal comenzó en la campaña política, pero fue en diciembre de 2024 cuando lanzó la falsa narrativa del control del Canal por China, y expresó su interés de retomar el control del Canal.
Para un personaje a quien el sicoanalista de la Universidad de California del Sur, Alan Kurbelnig, califica de “mentiroso patológico” (Understanding Pathological Liars: The Case od Donald Trump), no puede haber sido difícil para Trump inventar que en la construcción del Canal murieron 38,000 estadounidenses (solo fueron poco más de 350), o que el Canal lo manejan los chinos (la fuerza laboral del Canal es 99% panameña). En realidad, esas mentiras están dirigidas hacia su base política; además, a su psiquis lo que menos le interesa es la verdad.
Su anunciada pretensión de retomar el control del Canal carece de sustento jurídico, pues la administración y operación del Canal se rige por el Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y la Operación del Canal de Panamá, y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha cumplido fielmente su contenido. Jamás ha estado en riesgo la segura y eficiente operación de la vía acuática, que es la única causal que ameritaría una intervención de EU, según dicho tratado.
¿Qué factores han inducido a este cambio de política? Considero que nuevos actores han ingresado a su círculo cero, algunos con evidente interés en el área canalera, y otros con una visión expansionista. Los expansionistas, fanáticos de la doctrina Monroe, son conscientes del poder económico de EU. Al respecto, endoso la tesis del prestigioso politólogo internacional, Dr. Polo Casanova, quien sostiene que E.U. puede doblegar a casi cualquier país del mundo “sin mover un soldado, ni prender el motor de un portaviones”.
Los expansionistas ven con reserva la creciente influencia de China en América Latina, Europa y Eurasia. Esta influencia se manifiesta especialmente en el ámbito portuario; en este sentido, la creciente presencia portuaria de China en la región intenta garantizar su seguridad alimentaria y energética. Esos puertos de inversión china han sido diseñados con la doble capacidad de servir al comercio de China y a sus necesidades navales.
Es esa creciente influencia china la que, a mi juicio, le preocupa a Trump en el caso de Panamá, particularmente en la región interoceánica; me refiero a los puertos de Balboa y Cristóbal, operados por el consorcio chino Hutchinson Port Holdings. Otorgados en concesión mediante contrato ley No. 5 de 16 de enero de 1997, Panama Ports Co. se las ingenió vía la Resolución No. 14 de 13 de mayo de 2002, para escapar a su compromiso de pagar $22.5 millones anuales y el 10% de sus ingresos brutos al Estado. No hay que ser abogado para saber que una Resolución no puede modificar un contrato ley.
Además, ha sido refractaria a pagar dividendos a Panamá por la tenencia del 10% de su capital accionario. Por otra parte, PPC impidió, a través de recursos legales, el desarrollo de los proyectos portuarios de Farfán y Corozal, en el Pacífico.
Por las razones señaladas, considero que el contrato ley de PPC debe ser revocado legalmente por el gobierno, para asumir la administración y operación de los puertos de Balboa y Cristóbal. Ello nos permitirá optimizar nuestro desarrollo como hub logístico regional.
El autor es periodista.
