Decenas de miles de venezolanos que han llegado a un punto de inflexión ante la crisis humanitaria y política que atraviesa Venezuela salieron masivamente a las calles en todo el país el miércoles pasado. Pedían que el gobierno permita el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela para asistir a la enorme cantidad de personas que intentan desesperadamente conseguir alimentos y medicamentos. Y exigían que el gobierno celebre elecciones, libere a los presos políticos y restablezca la independencia judicial y los poderes de la Asamblea Nacional.
La dura reacción del Gobierno venezolano fue una réplica absolutamente irresponsable de su respuesta a protestas anteriores. La respuesta del gobierno a estas protestas es otra prueba más de la necesidad de que exista una firme presión internacional, especialmente de la región, que conduzca al restablecimiento de los derechos humanos y la democracia en Venezuela—y es, además, una demostración del costo potencial de no hacerlo.
Antes de la manifestación, el presidente Nicolás Maduro—apoyándose en su eslogan de “defender la paz”— acusó a la oposición de ir por “el camino de la violencia, de la conspiración, del golpismo [y] del intervencionismo”. También anunció que multiplicaría la cantidad de milicias partidarias del gobierno y les proporcionaría fusiles. Todo esto ocurrió en medio de una tensión explosiva, en un país donde las fuerzas de seguridad han reprimido brutalmente manifestaciones contra el gobierno, a veces en colaboración con grupos armados alineados con el oficialismo.
El gobierno organizó una contramarcha en el centro de Caracas, precisamente en el mismo lugar hacia donde se dirigían los manifestantes de la oposición.
Miembros de las fuerzas de seguridad emplearon fuerza y dispararon gases lacrimógenos contra quienes se manifestaban contra el gobierno. Las imágenes disponibles muestran escalofriantes similitudes con los enfrentamientos de comienzos de 2014, que condujeron a detenciones arbitrarias y abusos generalizados contra opositores que participaron en las manifestaciones y contra transeúntes.
Diversos periodistas que dieron cobertura informativa a las protestas afirmaron haber sido hostigados por miembros de las fuerzas de seguridad. El gobierno sacó del aire a dos canales de noticias por cable que informaban sobre las protestas. Más de 500 personas fueron detenidas en todo el país el 19 de abril, y la mayoría todavía no había sido liberada. En total, más de 1,000 personas fueron detenidas en protestas contra el gobierno durante este mes.
Tres personas fueron asesinadas el 19 de abril, y con ellas el número total de muertos durante las manifestaciones de este mes asciende a ocho. Carlos Moreno, un joven de 17 años que, según indicaron diversos medios, no estaba participando en las manifestaciones, murió tras recibir un disparo en la cabeza en Caracas. Civiles armados en el estado Táchira dispararon y mataron a la estudiante universitaria Paola Andreina Ramírez, de 23 años, en un ataque que fue registrado en video filmado por un transeúnte, y que luego fue subido a Twitter. Un francotirador en el estado de Miranda mató al sargento San Clemente Barrios Neomar de la Guardia Nacional. El Ministerio Público sostuvo que estaba investigando los asesinatos, y que había identificado al agresor de Ramírez.
Cuando terminaron las manifestaciones, Diosdado Cabello, un poderoso político chavista que en el pasado presidió la Asamblea Nacional, dijo en su programa de televisión semanal que “no quisiera estar en el pellejo de ninguno de estos delincuentes que andan llamando a desestabilizar [al país]”. También mostró un cuadernillo con el título “Manual del Combatiente Revolucionario” y fotografías de líderes de la oposición, donde se pueden ver sus rostros y sus domicilios, advirtiendo al público que sabían “dónde viven, dónde se mueven”. En un país donde la impunidad es la regla, y donde el gobierno se ha aprovechado reiteradamente de la falta de independencia judicial para procesar y encarcelar arbitrariamente a opositores políticos, estas amenazas implícitas deben ser tomadas muy en serio.
A pesar de las muertes y el clima de amenazas, numerosos venezolanos, aunque menos que el miércoles pasado, salieron el jueves nuevamente a las calles para exigir un cambio en su país. La respuesta fueron más gases lacrimógenos y detenciones, según grupos locales.
El jueves, al menos 12 personas murieron durante incidentes de saqueo en dos urbanizaciones humildes en Caracas. Once murieron por heridas causadas con armas de fuego o electrocutadas en El Valle, según el Ministerio Público. Después de que las fuerzas de seguridad y civiles armados llegaran a El Valle, se escucharon varios disparos y el Hospital Materno Infantil en el área debió ser evacuado luego de que entrara gas lacrimógeno al edificio, reportaron los residentes.
El sábado, muchos venezolanos organizaron una manifestación en honor a quienes perdieron la vida durante las protestas de abril.
Incluso antes de las manifestaciones más recientes, la mirada de la región ya estaba puesta en Venezuela. La Organización de los Estados Americanos (OEA) está actualmente debatiendo sobre el cumplimiento, por parte de Venezuela, de la Carta Democrática Interamericana. En las últimas semanas, el secretario general de la OEA y varios Estados miembros clave han manifestado su profunda preocupación por la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, en un contexto de gravísima escasez de alimentos y medicamentos básicos.
La comunidad internacional también ha criticado la continuidad de la detención arbitraria del líder opositor Leopoldo López, que fue condenado a casi 14 años de cárcel; la decisión del contralor general de inhabilitar a Henrique Capriles Radonski, otro líder de oposición, para postularse a cargos públicos por 15 años; y un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia que significó, en la práctica, el cierre la Asamblea Nacional. La presión internacional se mantuvo incluso después de que el tribunal revisara parcialmente esa sentencia, respondiendo a un pedido del presidente.
Aquellos dispuestos a criticar las acciones del Gobierno venezolano deben llevar su desaprobación un paso más allá. Los líderes latinoamericanos deberían convocar inmediatamente a una reunión de cancilleres para tratar la crisis en Venezuela y presionar al gobierno de Maduro para que admita observadores independientes cuando organice las próximas elecciones en el país. Deben exigir que Maduro libere a los presos políticos, restablezca la independencia del poder judicial y los poderes de la Asamblea Nacional, y, sobre todo, permita que llegue ayuda humanitaria suficiente al país para aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano.
José Miguel Vivanco es director para las Américas de Human Rights Watch
Tamara Taraciuk Broner es investigadora sénior para las Américas de Human Rights Watch
