La Defensoría del Pueblo de la República de Panamá nació en 1997 con un claro objetivo: poner al país a tono con las entonces novedosas corrientes globales de protección de los derechos humanos, tras 21 años de dictadura militar. Se trataba de una institución nacida en Suecia en 1809 -el Ombudsman-, que empezaba a replicarse en toda la región.
Poco más de veinte años después, la Defensoría del Pueblo ha quedado en medio del reparto del pastel de la política clientelar para desgracia de todos, pero principalmente para los grupos más vulnerables, cuyos dramas no suelen llegar a las pantallas de las televisoras ni a las primeras planas de los diarios.
Podría decirse que esta es la hora más baja de la Defensoría, pero lo cierto es que la institución empezó a recibir golpes casi desde el inicio. Se impone algo de historia.
En 1996, el expresidente Ernesto Pérez Balladares creó una comisión para dar vida a la institución, mediante un proceso de consulta ciudadana y apoyo internacional, con la coordinación de la hoy vicepresidenta ejecutiva de la Ciudad del Saber, Irene Perurena, que entonces era asesora presidencial para temas de derechos humanos
Entre abril de 1996 y febrero de 1997, pasaron por Panamá los defensores del Pueblo de los países centroamericanos, Argentina, Puerto Rico, Colombia y España, así como representantes del Instituto Latinoamericano y Europeo del Ombudsman, quienes brindaron asesoría técnica y mucho apoyo.
El proceso también incluyó la participación de la sociedad civil organizada, que aportó un cúmulo de ideas para la creación de una instancia vital para el perfeccionamiento del Estado de Derecho.
Aquella comisión presidencial estuvo conformada por los entonces ministros Raúl Montenegro, Michel Doens y Aida Rivera, así como los ciudadanos Milton Henríquez, César Tribaldos, Jorge Arosemena y Raúl Henríquez, junto a un equipo técnico formado por Salvador Sánchez, Olga de Obaldía, Débora Stanziola y esta servidora.
Seis meses después y con la contribución de muchos, se presentó a la Asamblea el proyecto para la creación de le Defensoría del Pueblo, que se convirtió en Ley 7 de 5 de febrero de 1997.
Un año después -febrero de 1998- llegó el primer golpe, con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, bajo la ponencia del entonces magistrado Arturo Hoyos. El fallo en cuestión, producto de una demanda de inconstitucionalidad presentada por Héctor Ríos, sacó al Órgano Judicial de la competencia de la Defensoría, impidiendo que se investigara -no los fallos obviamente- la Administración de Justicia como servicio público. Se trataba de abordar los temas de morosidad, acceso a la justicia y otros.
Tal vez si ese lamentable fallo no se hubiera producido, la carrera judicial se hubiera implementado en toda su extensión, el tribunal de ética e integridad estuviese atendiendo las denuncias contra jueces y magistrados que hoy siguen impunes en sus cargos a pesar de saberse lo que se sabe, y los magistrados de la Corte no hubiesen podido nombrar arbitrariamente a todos los jueces del sistema penal acusatorio. Curioso que un fallo que alegaba defender la independencia judicial, provocó todo lo contrario.
Durante el mandato de Juan Antonio Tejada, la Defensoría tuvo su momento de gloria. La apertura de oficinas en varias provincias, la creación del Nodo de Transparencia donde se publica la planilla de las instituciones a partir de la aprobación de la Ley de Transparencia y acceso a la información -levantando el velo que cubría los salarios de los funcionarios-, la relatoría para la libertad de expresión, el habeas data mediante decisión judicial antes de que se consagrara por la Constitución -junto a la propia Defensoría- con las reformas de 2004, son algunas de las principales ejecutorias de esa etapa.
La historia de lo que vino después fue devastadora: Liborio García y su lamentable paso por la Defensoría y la sistemática destrucción de la senda andada para fortalecer el sistema de defensa de los derechos humanos, durante el mandato presidencial de Ricardo Martinelli.
La designación del actual defensor, Alfredo Castillero, llegó junto al pacto de gobernabilidad de los primeros años de la administración del presidente Juan Carlos Varela. Por ello la adjunta -hoy directora de la Autoridad Nacional de Transparencia-, vino directo de las filas militantes del Partido Revolucionario Democrático (PRD). La Defensoría del Pueblo no pudo levantar cabeza y, por lo visto, no podrá.
La autora es periodista, abogada y directiva de la Fundación Libertad Ciudadana
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