La Caja de Seguro Social (CSS) de Panamá enfrenta desafíos históricos que amenazan su sostenibilidad y la calidad de los servicios que presta. Durante décadas, las discusiones sobre su reforma han estado marcadas por desacuerdos entre diversos actores políticos, sociales y económicos. Este estancamiento no solo pone en riesgo las finanzas del sistema, sino también la salud y el bienestar de millones de panameños que dependen de un servicio que, lamentablemente, es percibido como deficiente.
El sistema de salud de la CSS es una de las principales fuentes de insatisfacción ciudadana. Largas esperas para citas médicas, falta de medicamentos esenciales y equipos dañados son problemas comunes que erosionan la confianza en la institución. Este escenario alimenta el escepticismo hacia propuestas como el aumento de la edad de jubilación, pues los trabajadores temen mayores sacrificios sin mejoras tangibles en los servicios que reciben.
Sin embargo, es importante abordar una realidad ineludible: desde que se establecieron las edades de jubilación actuales en 1995 (57 años para las mujeres y 62 años para los hombres), la expectativa de vida en Panamá ha aumentado cerca de seis años. Este cambio demográfico agrava las presiones sobre el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que actualmente opera con un déficit significativo. Entre las muchas variables que afectan este déficit, la edad de jubilación tiene gran peso, ya que su impacto es doble: al aumentarla, no solo se incrementa el número de cuotas cotizadas, sino que también se reduce el número de jubilados que reciben beneficios anualmente.
Sin embargo, aumentar la edad de jubilación por sí solo no resolverá todos los problemas estructurales de la CSS. Según cifras del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), el 47% de los empleos en Panamá son informales al 2024. Esto significa que casi la mitad de los trabajadores no cotiza al sistema, lo que limita gravemente la base de ingresos del programa IVM. Para abordar este problema, las reformas deben incluir estrategias para captar a este sector, como facilitar la inscripción de empleadores, empleados y emprendedores al sistema mediante períodos de gracia de tres a cinco años o establecer montos de ingreso mínimos exonerados. Estas medidas no solo aumentarían la base de cotizantes, sino que también permitirían realizar cálculos económicos más precisos y sostenibles para el sistema.
A pesar de la urgencia, el debate sobre estas medidas ha quedado paralizado por la falta de consenso. Aquí es donde entra en juego el concepto de políticas públicas transformativas, desarrollado por el Consorcio de Políticas de Innovación Transformativa (TIPC). Este enfoque, liderado por instituciones como la Science Policy Research Unit de la Universidad de Sussex, propone abordar problemas complejos mediante experimentación y evaluación continua, permitiendo ajustar las políticas en función de sus resultados. Representantes de este consorcio han ofrecido dos talleres de entrenamiento en Panamá, organizados por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), con lo que se cuenta con algo de conocimiento en la comunidad científica local.
La metodología transformativa se basa en implementar reformas de forma experimental, con indicadores claros y un monitoreo constante, en lugar de imponer reformas rígidas que no puedan modificarse durante décadas. Esto permitiría identificar rápidamente qué funciona y qué no, haciendo ajustes en tiempo real. Para un sistema tan complejo como la CSS, esta flexibilidad es esencial.
Usar este abordamiento para atender el problema del déficit en el programa de IVM, podría significar introducir un aumento gradual en la edad de jubilación en ciertas cohortes y evaluar sus efectos sobre la sostenibilidad financiera del programa y el bienestar de los trabajadores. De igual manera, se podrían realizar pilotos para incorporar a trabajadores informales al sistema, monitoreando su impacto en las finanzas y la calidad del servicio. Este enfoque adaptativo evita la rigidez de decisiones inamovibles que podrían perpetuar los problemas.
Además de su flexibilidad, este método enfatiza la participación inclusiva. Las reformas no deben diseñarse solo en los despachos gubernamentales; deben incluir a asegurados, sindicatos, empleadores y expertos técnicos. Esto no solo incrementa la legitimidad de las decisiones, sino que también enriquece el proceso con perspectivas diversas, necesarias para abordar un problema tan multifacético.
Reconstruir la confianza es esencial. El enfoque transformativo no solo se centra en la sostenibilidad financiera, sino también en mejorar la calidad del servicio de salud de la CSS. Indicadores como tiempos de espera, disponibilidad de medicamentos y satisfacción de los usuarios deben monitorearse para tomar medidas inmediatas. Los avances concretos en estas áreas serían fundamentales para demostrar que las reformas no solo exigen sacrificios, sino que también ofrecen beneficios reales.
Implementar estas políticas, sin embargo, no está exento de desafíos. Requiere un compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y una mentalidad abierta al cambio. Además, es necesario reconocer que el aumento de la edad de jubilación no son medidas populares, pero son esenciales para garantizar la sostenibilidad del sistema. Si estas estrategias se combinan con mejoras visibles en los servicios y una mayor captación de cotizantes, el proceso de reforma puede avanzar con mayor aceptación social.
Imaginemos un sistema donde las citas médicas se obtienen en plazos razonables, los medicamentos están disponibles y los equipos funcionan correctamente. Un sistema donde los trabajadores informales encuentran incentivos para formalizarse y los asegurados confían en que sus aportes garantizan su bienestar presente y futuro. Este es el tipo de transformación que puede lograrse adoptando un enfoque experimental y reflexivo.
En última instancia, la crisis de la CSS no se resolverá con decisiones unilaterales ni soluciones mágicas. Necesitamos cambiar la forma de abordar los problemas públicos: pasar de la rigidez a la experimentación, de la exclusión a la participación, y de la desconfianza a la transparencia. Este enfoque no solo puede superar el estancamiento actual, sino también sentar las bases para un sistema de salud y seguridad social más justo, eficiente y sostenible que verdaderamente responda a las necesidades de su gente.
Es hora de actuar con valentía y visión. La CSS necesita reformas, pero más aún, necesita un compromiso renovado con el bienestar de los panameños. La oportunidad de transformar el sistema está a nuestro alcance; depende de nosotros aprovecharla para garantizar el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
El autor es Sub-gerente de Investigación e Innovación del ITSE, miembro distinguido del SNI-AIP e integrante de Ciencia en Panamá.
