El Código de la Familia de Panamá, promulgado en 1994, fue diseñado para regular las relaciones familiares, los derechos de los niños, la adopción, el matrimonio y otras áreas esenciales de la vida familiar panameña. Si bien ha habido reformas parciales a lo largo de los años, el país ha experimentado profundas transformaciones sociales y culturales desde entonces.
Sin embargo, el marco legal que regula la vida familiar no ha sido actualizado de manera integral, lo que genera un desajuste entre la realidad contemporánea y las normas vigentes. Ante esta situación, es imperativo que las instancias pertinentes realicen una revisión urgente del Código de la Familia para alinearlo con los cambios y desafíos del siglo XXI.
Los derechos de los niños, un tema central del Código de la Familia, también requieren una revisión profunda. Aunque se han hecho avances en la protección infantil, aún existen vacíos legales en temas como la tutela, el abuso infantil y los derechos de los menores en situaciones de divorcio o separación. Además, la creciente complejidad de la adopción internacional y los nuevos desafíos en la protección de los niños en la era digital son asuntos que no se contemplaban en el código original. Es esencial una actualización para garantizar que los derechos de los niños y adolescentes estén protegidos frente a los problemas modernos.
El Código de la Familia de Panamá, a pesar de sus intenciones de proteger a los niños y a las familias, presenta serias lagunas en el trato a padres irresponsables. A pesar de conductas negligentes o abusivas, estos padres mantienen derechos sobre sus hijos, lo que es preocupante y perjudicial. Es inadmisible que aquellos que han mostrado un patrón de abandono emocional, negligencia económica o desinterés en la crianza, sigan conservando derechos legales, incluso tras no cumplir con sus deberes fundamentales. Muchos no pagan pensiones alimenticias, no se involucran en la vida de sus hijos y, en algunos casos, se niegan a reconocer su paternidad. No obstante, el código les sigue concediendo derechos como la patria potestad o las visitas. Esta incoherencia pone en riesgo el bienestar de los menores y genera una contradicción en el sistema legal.
Por un lado, la ley protege el bienestar del menor; por otro, permite que estos padres reclamen derechos sin haber asumido sus responsabilidades. Esta situación crea conflictos legales y emocionales para los niños, que se ven obligados a mantener relaciones con padres que no han demostrado un compromiso real con su bienestar. La falta de consecuencias claras para los padres irresponsables envía un mensaje equivocado a la sociedad: que el incumplimiento de las responsabilidades parentales no afecta los derechos de los padres. Esto fomenta una cultura de irresponsabilidad, donde se tolera el abandono sin repercusiones legales proporcionales, dejando a los niños en una posición vulnerable.
Es urgente revisar el Código de la Familia para eliminar este vacío legal que permite a padres negligentes seguir teniendo derechos sobre sus hijos. Las leyes deben reformarse para que aquellos que demuestren consistentemente una falta de responsabilidad en el cuidado de sus hijos pierdan sus derechos parentales, o al menos enfrenten restricciones significativas. El bienestar y los derechos del menor deben prevalecer sobre cualquier derecho de un padre que no ha cumplido con sus obligaciones.
En resumen, el Código de la Familia debe priorizar el interés superior del niño por encima de los derechos de padres irresponsables. La ley debe reflejar una postura firme: los derechos parentales conllevan responsabilidades, y si estas no se cumplen, esos derechos deben ser retirados. Panamá necesita avanzar hacia una legislación que verdaderamente proteja a los más vulnerables, asegurando que quienes no cumplen con su rol de padres no sigan afectando negativamente la vida de sus hijos.
La autora es bibliotecaria
