De acuerdo con la última publicación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, “un Estado orientado al desarrollo inclusivo y sostenible tiene la capacidad de formular e implementar estrategias para alcanzar metas económicas, sociales y ambientales, apoyándose sobre instituciones públicas eficientes y eficaces que operan con probidad, transparencia y un alto grado de rendición de cuentas. La capacidad de formular e implementar estrategias involucra actores dentro y fuera del Estado; y depende de factores institucionales y estructurales, así como de las relaciones entre dichos actores”.
Esta publicación tiene gran importancia para nuestro país, pues como reconocen los expertos en el tema y ciudadanos comunes que no somos expertos: “en la base de nuestros desafíos está la institucionalidad del Estado como tal. La pobreza, la desigualdad y la exclusión social son consecuencia de un cierto tipo de instituciones y de una cierta manera de hacer las cosas”. Pareciera entonces claro que “superar la desigualdad, es sin duda, un gran desafío para el país” y que para ello será menester modificar el contrato social panameño que nos mantiene atados a un pasado “cuyo velo debemos romper si realmente aspiramos al desarrollo humano del país…”.
En ese contexto la Cepal agrega, como si estuviera escribiendo para nosotros, que para responder al imperativo ético que suponen los desafíos expresados en la Agenda 2030, “se requiere repensar la institucionalidad pública como una plataforma dinámica que permita la articulación de los esfuerzos, recursos e iniciativas de los distintos actores del desarrollo, dando consistencia a una nueva ecuación entre Estado, mercado y sociedad”. Se propone entonces el llamado gobierno abierto, como “un renovado enfoque de reforma del Estado y modernización de la administración pública, a partir de una nueva forma de articular las iniciativas de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y colaboración de diversos actores para la coproducción de valor público”.
El desarrollo de este gobierno abierto requerirá fortalecer las instituciones y prácticas de administración y gestión pública; consolidar los avances en materia de participación e innovación ciudadana, reforzando incluso el papel de la juventud y de sectores tradicionalmente más vulnerables; el desarrollo de un sector privado que sea un aliado duradero de los gobiernos y la ciudadanía en la implementación de la agenda de desarrollo, promoviendo la difusión de innovaciones y nuevas tecnologías, generando y escalando nuevos modelos de negocios más inclusivos y sostenibles económica, social y ambientalmente.
Como señalé en una publicación previa, reitero ahora que para ayudarnos a enfrentar este desafío los panameños hemos producido al menos tres documentos que solo esperan ser llevados a la práctica para hacer prevalecer los intereses de la población: los Acuerdos de la Concertación Nacional para el Desarrollo (2007), la Estrategia Panamá 2027 y recientemente el Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado Panamá 2030. En ellos formulamos estrategias para el fortalecimiento de nuestra institucionalidad, centrada en la equidad y el desarrollo; la profundización de la democracia realmente participativa, no solo electorera; la recuperación de la transparencia, eficiencia y rendición de cuentas en el servicio público; así como la efectiva participación ciudadana en el control de la gestión pública. No omito manifestar que aunque considero justo y necesario el planteamiento de la Cepal, los panameños deberemos poner especial atención en el control social del “gobierno abierto” que se propone, pues la tendencia de nuestra oligarquía será sin lugar a dudas la de privilegiar la privatización de las intervenciones rentables que lleva a cabo el gobierno. Lo han hecho en el pasado, lo hacen ahora y lo harán mañana.
El autor es ciudadano
