Los debates presidenciales han dejado claro que la mayoría de los candidatos creen que los grandes problemas del país se resuelven mejorando sus instituciones. Más específicamente, la mayoría de las propuestas se enfocan en reducir la corrupción, cambiar normas, y mejorar la descentralización política. En este sentido, poco ha cambiado desde principios de siglo cuando una ola de institucionalismo confundió lo estructural con lo normativo, invisibilizando las grandes fallas de nuestro sistema productivo.
La economía de Panamá ha logrado en los últimos 30 años lo que muy pocas: un alto y constante crecimiento. Sin embargo, este desarrollo no se ha traducido en un mejoramiento de la distribución de ingresos. En Panamá, el porcentaje del total de ingresos generados que va a los trabajadores ha venido bajando en los últimos veinte años hasta llegar a alrededor de un 30%. Esta participación laboral en países como Estados Unidos, Chile y Costa Rica es aproximadamente entre un 50% y 60%. Pero el problema es aún más complejo. Un estudio reciente que estoy realizando con la Doctora Neidha Nadal y José Jauregui de Quality Leadership University revela que las personas que trabajan en la zona canalera (Panamá, Panamá Oeste y Colón) reciben más ingresos producto de sus actividades en el mercado laboral que sus contrapartes en el resto del país. Sin embargo, esto no se traduce en una mejor distribución de ingresos para los canaleros. Utilizando datos del 2010 al 2019 de la Encuesta de propósitos múltiples y de la Encuesta de empresas no financieras del INEC, encontramos que las personas en la zona canalera reportan que el 95% de sus ingresos provienen de actividades del mercado laboral, con solo un 5% procedente de programas de apoyo gubernamentales, y ayuda de familiares y amistades. Esta proporción cambia a medida que nos alejamos de las actividades canaleras, siendo de 90% y 10% en las provincias, y de 85% y 15% en las regiones comarcales. A pesar de esta aparente ventaja, los trabajadores de la zona canalera tienen una participación laboral más baja. En los 16 sectores económicos que analizamos, los trabajadores canaleros tienen una participación laboral entre 1.3 y 13.9 puntos porcentuales más baja que aquellos en las provincias.
Este fenómeno se atribuye a varios factores. La exposición a mercados internacionales es más alta en la zona canalera, y el nivel de uso de capital es más elevado en comparación con otras áreas del país. Estas condiciones, si bien dan oportunidades de empleo mejor remunerado, también reducen el poder de negociación de los trabajadores. El alto nivel de capitalización significa que la mano de obra representa una porción menor en la estructura de costos de las empresas, en particular en sectores donde un bajo número de negocios genera la mayoría de los ingresos, como la literatura académica ha identificado para países como los Estados Unidos y el Reino Unido. Nuestro análisis encuentra evidencia de que este tipo de concentración ha aumentado en Panamá, limitando aún más la capacidad de los trabajadores para negociar mejores salarios y condiciones laborales.
Este escenario nos obliga a reflexionar sobre las decisiones que hemos tomado como país sobre qué y cómo producir, distribuir y consumir. Tener un sistema legal sólido y dar certeza del castigo por incumplir leyes es necesario. Pero no es suficiente. Proponer un cambio de la jornada laboral es necesario. Pero no es suficiente. Se necesitan propuestas para descentralizar la actividad productiva del país. Esto requiere repensar la inversión extranjera directa, no solo como una herramienta para acumular divisas, sino también para el intercambio de conocimientos y tecnología (como en principio lo pudiese hacer la ley EMMA en el sector de manufactura). Es crucial una mejor representación en los negocios de trabajadores en la toma de decisión estratégica y financiera, como lo han hecho Suecia y Alemania. Esta diversidad de perspectivas, intereses y experiencias vendría no solo a disminuir la tendencia de compañías panameñas a subutilizar el capital que poseen, sino también a garantizar que una mayor proporción de las personas que participan en el proceso de creación de riqueza estén sentadas en la misma mesa cuando se decide cómo se repartirán las ganancias.
El autor es economista