Durante la discusión del contrato minero, expusimos en la Asamblea Nacional las razones que debían motivar el rechazo del contrato, las cuales iban desde los desequilibrios contractuales, el plazo extremadamente largo, una fianza de cumplimiento insuficiente, los beneficios discutibles, la desprotección ambiental, la transferencia de facultades públicas y de derechos a favor de la empresa y la indefensión que se encontraba el Estado en la relación contractual, entre otras.
Muchos ciudadanos participaron de esas jornadas de consulta en la Comisión de Comercio, la cual terminó, como es sabido, con la devolución del contrato, acompañado de recomendaciones, violando la Constitución. Es triste haber visto que ni el Gobierno, ni la Asamblea atendieron las críticas y aprobaron el contrato y lo publicaron, pretendiendo hacer un hecho cumplido.
Las acciones judiciales y de calle no se hicieron esperar. En la sentencia unánime del Pleno de la Corte del 27 de noviembre de 2023, se reconoció la violación de la Constitución Nacional, en razón del procedimiento utilizado por la Asamblea Nacional para su aprobación, la ausencia de un estudio de impacto ambiental actualizado, la violación del principio de libre competencia económica y de libre concurrencia en los mercados y del principio de estricta legalidad tributaria.
Se reconoció también en la sentencia que el contrato se asimilaba a un contrato de adhesión, se sancionó la concesión de puerto y de generación de energía al margen de la legislación vigente, así como la posibilidad de cobrar tasas o derechos por parte de la concesionaria. La Corte reconoció que la fianza de cumplimiento era insuficiente, se sancionó el derecho de cesión ilimitado del contrato, la transferencia de derechos soberanos y el desconocimiento del interés nacional.
De igual manera, el contrato minero fue sancionado por la violación del principio de igualdad ante la ley y la creación de fueros y privilegios, la desatención de los fines del Estado, la violación del debido proceso y la ausencia de licitación pública, el desequilibrio contractual, el exceso de derechos otorgados y la desprotección ambiental. La sentencia es un manual de administración pública.
La intranquilidad nacional, así como la evidente parcialidad del Gobierno hacía dudar a todos. Los hechos han demostrado que el camino correcto no era la derogatoria de la Ley 406, sino mantener la confianza en la Corte, como último bastión que sostenía la República, cuyo reto era demostrar independencia, neutralidad y generar confianza y credibilidad. Así fue.
Luego de la contundente sentencia, cuya lectura recomiendo, ni el Gobierno ni los diputados han asumido su responsabilidad política como causantes de los perjuicios. Al contrario, la actitud asumida ha sido guardar silencio y, más recientemente, el de repetir que ellos “son respetuosos del fallo”.
¿Qué significa eso? ¿Cómo se come eso? ¿Con qué pinzas se agarra? A renglón seguido dicen que están elaborando un plan de cierre de la mina en el más puro estilo de falta de transparencia que los caracteriza. No obstante, comienzan a circular videos y noticias sobre los riesgos económicos del cierre, y ataques a ciertos abogados que se opusieron al contrato, utilizando el manual de persuasión por miedo.
Por lo pronto, pareciera que el Gobierno no ha entendido el mensaje enviado por la Nación. La democratización de las instituciones públicas y de la toma de decisión no está en la agenda del Gobierno, parece que la única obsesión es la sobrevivencia política y el goce de los beneficios estatales, cuya expresión se ve en el nuevo presupuesto general del estado que recorta el gasto social, pero no el gasto de funcionamiento, ni los gastos suntuosos.
Tampoco hay políticas claras que indiquen un cambio de rumbo, tanto en lo político, como en lo económico, debiendo concluirse que la única prioridad gubernamental es la campaña electoral.
En conclusión, el ejercicio gubernamental después del fallo ha estado marcado por la sobrevivencia y el secretismo, con un Gobierno ausente y un país que espera, mientras las dificultades económicas se acrecientan y se aproximan las nuevas elecciones nacionales. Nada que nos haga sonreír.
El autor es abogado
