En un artículo anterior, se expuso cómo la creación de diversas instancias gubernamentales, supuestamente especializadas en la prestación de ciertos servicios públicos, ha reducido significativamente las funciones que, por Constitución y ley, correspondían a los ayuntamientos y, por ende, a los alcaldes. Como resultado, muchos ayuntamientos se encuentran con una considerable cantidad de tiempo y recursos disponibles, lo que a menudo lleva a la ejecución de acciones superfluas, repercutiendo tanto en su imagen como en el gasto público.
Los efectos de esta extracción de funciones varían, y sus impactos no siempre resultan en mayor eficiencia o calidad en la prestación de servicios. Por el contrario, se observa un aumento de la burocracia estatal, del gasto público, la creación de áreas de poder político autónomas, dificultades en el control y fiscalización del presupuesto, y una menor transparencia. Todo esto afecta negativamente la eficiencia y calidad de los servicios públicos.
En lugar de centrarnos en culpar o en cuestionar las motivaciones detrás de la creación de estas estructuras burocráticas, es más útil reflexionar sobre si su existencia es realmente necesaria para la gestión de servicios públicos. Un claro ejemplo es la evolución de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), que pasó por entidades como el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Obras Públicas, Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) y Municipio de Panamá antes de convertirse en una autoridad independiente.
Así como la AAUD, otras entidades han seguido un proceso similar de transformación. Las dimensiones territoriales y poblacionales del país permiten que muchos de estos servicios sean administrados a través de direcciones nacionales o departamentos adscritos a ministerios y/o ayuntamientos, sin necesidad de crear grandes y costosas instituciones especializadas.
En muchos países, los servicios públicos como la administración del suelo, el ordenamiento territorial, el tránsito vehicular y la vialidad son funciones centrales de los ayuntamientos. Si estas funciones se les arrebatan, los ayuntamientos se vuelven dependientes y poco productivos. Por ello, sería prudente analizar la posibilidad de devolverles estas competencias, fortaleciendo así su independencia, agilidad y productividad, y asegurando que el desarrollo llegue a todas las localidades.
Devolver estas funciones a los municipios traería beneficios importantes, como permitir que cada uno gestione servicios como el agua potable, la recolección de desechos y el mantenimiento de la vialidad local, cobrando los impuestos necesarios para su financiamiento. También podrían colaborar de manera más eficaz con ministerios nacionales en la ejecución de políticas y programas.
La devolución de funciones produciría además ahorros significativos en el rubro de “Servicios Personales” del Presupuesto General del Estado, ya que se eliminarían instituciones como la AAUD, el IDAAN o la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), reduciendo también las funciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y otros ministerios.
Por ejemplo, si el IDAAN deja de existir, sus funciones podrían ser absorbidas por el Ministerio de Salud (MINSA) como una Dirección Nacional de Investigación y Producción de Agua para Consumo Humano, que coordinaría con los municipios a través de las oficinas regionales de salud de cada provincia. La operativa y el cobro por el servicio pasarían a los ayuntamientos, creando las estructuras organizativas necesarias.
Si realmente se busca que el país entre en un proceso de desarrollo genuino y deje atrás la condición de nación subdesarrollada, es fundamental comenzar cuanto antes, y los municipios son el lugar adecuado para iniciar este proceso. Allí es donde ocurren los cambios y donde se genera el verdadero desarrollo. Para lograrlo, es necesario fortalecer, especializar y hacer independientes a los ayuntamientos, reduciendo al mismo tiempo el gasto público en burocracia, y permitiendo que las funciones se concentren en las instancias correctas. Solo así se garantizará un servicio eficiente y de calidad que la sociedad pueda percibir y valorar.
El autor es abogado y urbanista
