Aunque se dice que las comparaciones pueden ser inoportunas, en este caso resulta necesario analizar el servicio de venta de medicamentos en farmacias privadas en Panamá. Este análisis comparará dicho servicio con el sistema español, destacando los factores que podrían implementarse en Panamá, tanto en el ámbito privado como en el sistema público.
En España, todas las farmacias, independientemente del propietario o la empresa que las administre, operan bajo un sistema informático interconectado y uniforme. Este sistema permite gestionar y controlar la venta de medicamentos en tiempo real. De esta manera, el farmacéutico puede verificar inmediatamente la disponibilidad de un medicamento, determinar si puede ser vendido a un cliente específico y realizar pedidos en línea ante un posible desabastecimiento.
Por ejemplo, en el caso de pacientes psiquiátricos que podrían excederse en sus dosis, el farmacéutico tiene la capacidad de negar la venta si el sistema indica que el medicamento ya fue adquirido y debería estar en uso según la receta vigente. Para obtenerlo nuevamente, el paciente necesitaría una nueva receta electrónica emitida por su médico. Un escenario similar se aplica a la venta de pastillas del día después, diseñadas para emergencias como casos de violación, pero no como método anticonceptivo regular. Si el sistema muestra que una cliente ha adquirido la pastilla en repetidas ocasiones en un corto período, el farmacéutico puede rechazar la venta para evitar un abuso potencialmente dañino para la salud. Este control se mantiene incluso si el cliente acude a diferentes farmacias, ya que todas comparten la misma base de datos.
En Panamá, muchas personas enfrentan dificultades al intentar adquirir medicamentos específicos, debiendo visitar varias farmacias. Frecuentemente, se encuentran con cantidades limitadas, dosis diferentes o marcas alternativas. Esta situación es especialmente grave cuando los medicamentos no están disponibles en las farmacias de la Caja del Seguro Social (CSS), obligando a recurrir al sector privado, donde los precios suelen ser elevados. Esta búsqueda es particularmente desafiante para quienes necesitan medicamentos de urgencia o primera necesidad.
En España, los asegurados pueden acudir a cualquier farmacia privada con recetas electrónicas, y el Estado asume directamente el costo, especialmente en casos de pensionados con ingresos bajos, personas en riesgo social, discapacitados o desempleados. Cuando una farmacia no dispone de un medicamento, informa al cliente dónde puede adquirirlo y ofrece alternativas como pedidos al fabricante, indicando la fecha de llegada y permitiendo la reserva. Además, el sistema público reembolsa los medicamentos no disponibles, y los seguros privados pueden asumir total o parcialmente los costos.
En Panamá, la digitalización de los servicios de salud es una deuda pendiente. Carecemos de recetas electrónicas, historiales médicos digitalizados y plataformas accesibles. Un sistema integrado permitiría al usuario consultar sus pagos, citas, recetas y resultados de exámenes médicos en línea. Desde antes de la pandemia, se iniciaron consultas por videollamadas y el envío de documentos digitalizados, pero aún falta consolidar un sistema eficiente y coordinado.
Es imperativo avanzar hacia una red interconectada de farmacias que gestione las ventas en tiempo real y garantice la disponibilidad de medicamentos. Además, debe legislarse para que ciertos medicamentos sean subvencionados por la seguridad social y los seguros privados, simplificando los procesos de reembolso. También es crucial mejorar la cobertura y accesibilidad de los seguros privados, actualmente costosos y limitados para gran parte de la población.
Europa lleva años implementando estos sistemas. No se trata de reinventar la rueda, sino de garantizar que el derecho a la salud incluya acceso a servicios eficientes y oportunos. En Panamá, autodenominado “el Dubái de las Américas”, persisten serias deficiencias en la calidad del servicio, incluso en la venta de medicamentos, tanto en el sector público como en el privado. La tecnología está disponible; lo que falta es voluntad para exigir y ofrecer los servicios por los que se paga.
El autor es abogado.
