Del discurso a la práctica

Con frecuencia asistimos a convocatorias y citas en las que los discursos son halagadores, puesto que crean expectativas de solución a los problemas cotidianos que nos afectan, sin embargo, estas se desvanecen cuando no se llevan a la práctica.

En el gobierno de Martinelli, se convocó a todas las universidades a una reunión liderada por el presidente de la República, y la presencia de la ministra de Educación, en la que los rectores expusieron el problema de la educación superior, de la participación de las universidades privadas, que atienden un 40% de la demanda de estudios superiores y que de alguna forma subsidian la educación superior, en cuanto a que es el Estado el responsable de los servicios educativos.

En esa reunión el presidente se comprometió a la creación de un fondo para apoyar a la educación superior, de tal forma que todos los panameños tuviesen la oportunidad de estudiar una carrera universitaria, independientemente de su condición económica, porque de lo que se trata es la promoción de la cultura.

Con el correr del tiempo no hubo ninguna acción dirigida a fortalecer la educación superior y esa iniciativa que nos parecía un gesto de solidaridad para transferir recursos de los que más tienen a lo que pocos o nada tienen se esfumó, porque hizo falta la voluntad política de realizar este programa.

Las universidades, dentro del contexto de desarrollo económico y social, cumplen una función instrumental en la formación de recursos humanos que han de insertarse a los procesos de producción, en ese sentido diseñan carreras que se corresponden con los ejes básicos del desarrollo, no obstante, la participación del Estado en apoyar estos esfuerzos es casi nula.

Por ejemplo, en Panamá tenemos un déficit de 100 millones de litros de leche. En una universidad privada, desde el año 2013, la Comisión Técnica de Desarrollo Académico aprobó el programa de “Biotecnología Reproductivas de Bovinos”, que cuenta con el aval del Instituto de Reproducción Animal de Córdoba (IRAC) de Argentina, y no ha sido posible dictar este programa en Panamá, por los costos que implican traer a los docentes de Argentina.

Este programa apunta precisamente a que haya una transferencia de tecnología para que podamos producir la leche que consumimos, lo cual significa poner en manos de los productores de leche $60 millones. Contrario a lo que sucede en Panamá, en los países de América del Sur, el IRAC están dictando este programa con el apoyo de la empresa privada.

Cuando acudimos al Ifarhu (Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos) se nos indica que el financiamiento solo es posible si el MIDA (Ministerio de Desarrollo Agropecuario) señala que este es un programa prioritario para el fomento de la ganadería. Se formula un convenio marco, que debía ser suscrito por todos los actores, universidad, Ifarhu, MIDA y la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), con el objetivo de lograr el financiamiento para este programa, y estos esfuerzos han sido infructuosos.

Pareciera que este tema no está en la agenda de quienes dirigen la política del sector agropecuario, sin embargo, la edad promedio de los técnicos agropecuarios es de 55 años, próximos a jubilarse, de manera que muy pronto debemos preocuparnos por el relevo de estos técnicos.

No sorprende que tengamos un sector agropecuario deprimido; la participación en el producto interno bruto cada día es decreciente y, al paso que vamos, estaremos comprometiendo la seguridad alimentaria.