Crisis requiere de cambios urgentes y necesarios. En medio de la convulsión social que sufre el país desde hace semanas, hoy debe comenzar el juicio por corrupción más importante de la historia del país: Odebrecht, caso que, sin duda, es uno de los ingredientes del descontento popular de hoy, acumulado durante años, junto a las exigencias coyunturales. Las manifestaciones de ira y disgusto por la situación que atraviesa el país y las miles de familias sin empleo por causa de las medidas de contención impuestas por la pandemia han sido generales, nacieron en su mayoría de forma espontánea en casi todo el territorio nacional y han paralizado o afectado un número plural de actividades que ha obligado al gobierno, por primera vez, a sentarse a negociar.
El enojo de la sociedad se manifiesta con fuerza en las calles, después de tolerar años de corrupción, falta de transparencia y un creciente cinismo de parte de funcionarios y líderes políticos, que desafiaron la paciencia de los electores desatendiendo sus necesidades; poniendo sus intereses por encima de los de la colectividad; esquilmando al Estado con planillas estatales fantasmas; burlando los controles, la rendición de cuentas y la transparencia. Ha sido demasiado el peso el que ha soportado la sociedad sobre sus hombros y eso explica esta indignación popular.
Es por ello que los acuerdos a los que lleguen, aunque solucionen lo inmediato, deberán incluir un alto a la corrupción rampante que reina en el Gobierno. Las simples declaraciones de que no hay tal cosa no engañan a nadie. Si se niegan a ver lo obvio, tan pronto terminen las actuales, tendremos nuevas manifestaciones y seguirán sumándose más y más motivos para estar en las calles.
Y algo que debe tener presente el gobierno: la solución a los problemas del alto costo de los combustibles, de la canasta básica y de los medicamentos no es pedir prestado ni seguir endeudándonos. El mensaje es que el gobierno tiene que hacer un verdadero sacrificio, parar el derroche, el clientelismo, poner alto a la fiesta que se han montado desde el inicio de la pandemia, contratando gente, aumentando salarios, incluyendo el de representantes y alcaldes.
Si lo que piensa hacer el gobierno es contraer deuda para salir del atolladero, las protestas serán peor cuando llegue la hora de pagar. Por eso el mensaje es: no más deuda y más contención de gastos. Y eso incluye, obviamente, los sobrecostos en obras estatales, algo que es notorio en este, como en anteriores gobiernos, cuando Odebrecht pagó de estos sobrecostos cientos de millones en coimas a funcionarios locales y extranjeros.
Así llegamos al que esperamos sea el capítulo final de este teatro de terror, en el que, por ahora, solo hay dos condenados de alto perfil, y en Estados Unidos. Esperamos que este proceso judicial, que ha sido torcido, al punto de separar y casi exiliar a las fiscales que iniciaron esta investigación, no termine tan viciado como parecen estar los acusados y protagonistas del mayor escándalo de corrupción de América Latina.
