La crisis de la Caja de Seguro Social (CSS) enfrenta no solo desafíos técnicos, sino también interferencias políticas que agravan la situación. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha señalado que el expresidente Ricardo Martinelli, actualmente asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá, está detrás de intentos por desestabilizar las iniciativas gubernamentales destinadas a resolver esta crisis. Desde su refugio diplomático, Martinelli participa activamente en la política nacional, contraviniendo las restricciones propias del asilo político.
Las acciones de Martinelli parecen alinearse con las del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), que ha convocado protestas en momentos críticos del debate público. Aunque no se ha demostrado una colaboración directa, esta sincronía genera sospechas sobre una posible coordinación para frenar las propuestas gubernamentales.
Es importante destacar que Martinelli ha sido condenado a 128 meses de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business, sentencia que ha sido confirmada en múltiples instancias judiciales. Su objetivo parece ser anular esta condena, utilizando su influencia política para desestabilizar al gobierno y evitar cumplir su pena.
Estas maniobras, lejos de responder a los intereses de los panameños, evidencian una agenda personal que sacrifica el bienestar del país por ambiciones políticas. Cada día perdido en este juego de poder significa un golpe más para los asegurados, jubilados y las futuras generaciones.
Es momento de enfocarse en construir soluciones. Las propuestas deben ser presentadas, analizadas y discutidas con responsabilidad, buscando consensos que prioricen la sostenibilidad financiera y el bienestar social. En la búsqueda de una solución, Panamá no puede permitirse crear problemas peores. Este es el momento de demostrar liderazgo y compromiso con el futuro del país.
