Ya no es noticia, pero sigue siendo un escándalo: 19 mil dosis de fentanilo -el medicamento que se ha convertido en el nuevo dolor de cabeza de los que siguen creyendo que una “guerra contra las drogas” es el camino para combatir el narcotráfico y sus mafias-, desaparecieron de la Caja del Seguro Social (CSS) hace no se sabe bien cuánto tiempo.
En realidad, no hay certeza sobre el número de dosis desaparecidas, según confesó el director Enrique Lau a los miembros de la directiva de la institución, cuando tuvo que, más o menos, rendir cuentas. Y digo más o menos, porque logró zafarse del interrogatorio, debido a la discreción que le impone la investigación del Ministerio Público.
Pero el hermetismo del director no impidió que quedara muy claro que la institución no cuenta con los controles adecuados que le permitan darle seguimiento al flujo de los medicamentos que compra. Además, según la representante de la empresa privada en la directiva, Aida de Maduro, no es la primera vez que algo similar ocurre pero “las investigaciones nunca concluyen”.
Hace rato que sabemos que la CSS transita por una crisis de enormes proporciones, que no solo incluye el déficit del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), sino la gestión general de la institución, presa del clientelismo, las camarillas, los abusos, la negligencia, la corrupción. Una gestión que, no olvidemos, ha tenido en el pasado momentos trágicos, como el envenenamiento con el dietilenglicol.
¿Qué controles se han establecido para garantizar la buena gestión de la CSS? ¿Qué sistemas existen para fiscalizar el buen uso de sus recursos y bienes? ¿Cómo rinden cuentas sus funcionarios? ¿Qué papel juega la directiva en este desmadre?
Justamente esta semana, el Centro de Políticas Públicas y Transparencia de la Universidad de Panamá, junto al Centro Internacional para el Desarrollo Sostenible, presentó un informe sobre la composición de las juntas directivas de las empresas públicas y entidades autónomas que son parte de la organización estatal, incluyendo a la CSS.
Si tenemos en cuenta que las juntas directivas son parte crucial en la gobernanza de las instituciones y que esto solo es posible con la dedicación y el trabajo responsable de cada uno de sus miembros, los hallazgos del informe dejan en evidencia un elemento más en el descalabro institucional en que nos encontramos. Algo que, por lo demás, ya se sabía por un informe previo hecho por el Instituto de Gobierno Corporativo.
El informe de la universidad destaca el desorden o falta de homogeneidad en la composición de las diversas directivas, la cantidad de miembros -algunas tan grandes que la hacen ingobernables-, las dietas que reciben por reunión, la falta de independencia de los miembros, su falta de formación o la defensa de intereses particulares.
Un problema importante es la participación de un mismo funcionario en un gran número de directivas, lo que hace humanamente imposible que le pueda dedicar el tiempo que se requiere para garantizar el buen desempeño de la institución.
Así, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe participar en ocho directivas, mientras que puede designar a un representante en otras 20. Si ese representante debe informar al ministro del manejo de la institución y solicitar apoyo en la toma de decisiones, es evidente que tenemos un problema grave de gobernanza. El caso del MEF se repite en otras instituciones como los ministerios de Salud o de Comercio y en algunas designaciones como los conocidos casos de las funcionarias Nadia del Río o Marilyn Ramírez, que forman parte de 4 y 5 directivas. Toda una hazaña.
Lo que me lleva al tema de las dietas o el dinero que reciben los miembros de las directivas por cada reunión. Teniendo en cuenta que una gran mayoría son funcionarios de alto nivel en el engranaje gubernamental con salarios altos, resulta insultante las sumas adicionales que reciben. Si bien la ley de presupuesto establece como cifra máxima para las dietas $500, existen muchas directivas que tienen asignadas sumas mayores. Un caso destacable es el Fondo de Ahorro de Panamá, cuyos directivos reciben $2,000 por reunión. Este caso no solo es escandaloso, sino que refleja otro problema recurrente: son todos hombres.
Volviendo a la CSS, su modelo de directiva hace imposible que se trabaje por los mejores intereses de la institución y del país. Los representantes de gremios o sectores actúan en defensa de su organización y sus privilegios, y no en velar por lo que conviene a la institución y sus usuarios. Y así nos va.
Urge una reforma integral del modelo de gobernanza de las instituciones que se rigen por juntas directivas. Urge un cambio radical del modelo si pretendemos algún futuro para el país. El botín se está agotando.
La autora es periodista y presidenta de TI Panamá
