La múltiple bibliografía existente ha documentado con gran precisión la importancia de Panamá como ruta de acceso y conexión para el mundo entero. Históricamente y durante más de cinco siglos, nuestro istmo ha sido el camino por el cual ha transitado un sinnúmero de personas, productos y riquezas, hacia un lado y otro de nuestro continente, con origen y destino final en todo el mundo. Los panameños somos expertos en esa materia.
Es providencial que en este pequeño istmo surgiera la nación panameña desde el siglo XVI y luego de varios intentos naciera la República de Panamá en 1903. Igualmente, esto allanó el terreno para la consecución final de un proyecto de gran escala como el Canal de Panamá, que abrió sus esclusas al mundo el 15 de agosto de 1914.
Los panameños hemos sido inculcados con un sentido casi religioso sobre el valor que representa nuestra soberanía total y, con ella, la administración de nuestro activo más importante: el Canal de Panamá.
Obviamente, la historia ha sido sabia en demostrar que los panameños tuvimos la capacidad de unirnos en la mayor lucha generacional de beneficio común, a costa de grandes sacrificios, representados en sangre, sudor y lágrimas en diferentes episodios, culminando en los heroicos actos de nuestros mártires de enero de 1964. Estas luchas se cristalizaron con su recuperación definitiva en diciembre de 1999, producto de los Tratados Torrijos-Cárter de 1977, reconocidos por el mundo entero como lo correcto, y demostrando hasta el momento una capacidad innegable de administración eficiente y competitiva “Pro Mundi Beneficio”.
Y es que dicho ente, que tiene vida y activos propios por norma constitucional, se compara con lo que para otros países son los mejores yacimientos de petróleo, gas o incluso minerales críticos. Por sus esclusas transita más del 3% del comercio global. Si proyectamos hacia atrás, pasamos de sólo recibir anualidades por valor de $250 mil, a administrar y recibir entre peajes y dividendos unos $2,500 millones anuales, que en los últimos 25 años de reversión prácticamente han sumado más de $25,000 millones en ingresos directos al Tesoro Nacional.
¿Pero qué significan estos números fríos? Pues el Canal es el principal contribuyente del país aportando al menos el 24% de los ingresos corrientes del Gobierno Central, representando 24 centavos por cada dólar recaudado. Esto es fuente de financiamiento para gastos e inversiones públicas. Si además consideramos que su presupuesto anual ronda los $5,600 millones, su impacto agregado en sectores logísticos y relacionados ayuda a generar cerca del 12% del producto interno bruto (PIB) en Panamá. Como empresa, es autosostenible.
Adicional a la aportación de dividendos a sus propietarios, que somos todos los panameños representados en el Estado, cuenta con amplias reservas de liquidez para el desarrollo de importantes proyectos, garantizando la sostenibilidad de operaciones y preservando la competitividad; prueba de ello es su anunciado programa de inversiones por $8,500 millones a ejecutarse entre 2024 y 2030.
Por todo ello, los beneficios económicos directos e indirectos provenientes del Canal de Panamá tienen una alta participación en todos los programas sociales, inversiones públicas e incluso servicios públicos, financiados y ofrecidos a la ciudadanía a través del presupuesto general del Estado. Incluso, nuestro Fondo de Ahorros de Panamá (FAP) como mecanismo de ahorro y medidas anticíclicas para potenciales situaciones de riesgo, también se alimenta de dicha generación económica.
Cumpliendo 25 años de su transferencia definitiva a manos panameñas, dejemos de lado visiones retrógradas y discusiones del pasado, para reflexionar sobre nuestras capacidades como verdaderos expertos en logística de clase mundial y sigamos fortaleciendo nuestra productividad y competitividad ante el mundo entero.
El autor es abogado financiero y exviceministro de Finanzas.
