En el artículo II del Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente del Canal, la República de Panamá se comprometió, una vez recibida la vía acuática con todas sus instalaciones y equipos, a que el Canal, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, “permanezca seguro y abierto para el tránsito pacífico de las naves de todas las naciones en términos de entera igualdad…”.
En desarrollo de ese compromiso internacional, en el Título XIV de la Constitución, tras reconocer que “el Canal constituye un patrimonio inalienable de la Nación panameña”, Panamá garantiza que el Canal “permanecerá abierto al tránsito pacífico e ininterrumpido de las naves de todas las naciones”. Eso significa que el Estado se compromete a asegurar la viabilidad presente y futura de la ruta panameña.
De allí que me resulte, no solo incomprensible, sino irresponsable, que el Ejecutivo haya ignorado solicitud que le formulara la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en septiembre de 2023 para resolver el problema de escasez de agua para consumo humano en la región metropolitana y para las operaciones del Canal. La escasez ha obligado a la ACP a reducir el calado y el número de tránsitos diarios, y a tomar otras medidas de ahorro de agua.
Con dividendos al Estado que exceden hoy día los $2,400 millones anuales, el Canal es, sin la menor duda, la principal empresa del país. De hecho, solo a este gobierno, que se muestra indiferente a su futuro, la ACP le ha aportado en excedentes más de $10,720 millones en la siguiente forma: $1,786.4 millones en 2019, $1,824.1 millones en 2020, $2,080.6 millones en 2021, $2,494.4 millones en 2022, y $2,544.6 millones en 2023.
En lugar de destinar parte de esos dividendos al Fondo de Ahorro de Panamá (FAP), y una porción importante a la satisfacción de necesidades básicas de las comunidades más necesitadas, esos dineros pasan a la caja común, en donde son dedicados a financiar, sobre todo, el gasto corriente, incluyendo el desenfrenado clientelismo. La distribución de estos aportes será tarea necesaria del futuro gobierno, asumiendo que no gane uno de los partidos tradicionales.
Volviendo a nuestro tema, los estudios realizados hasta ahora revelan que la mejor fuente hídrica para atender las necesidades futuras de la vía y la región metropolitana, es la que aporta la cuenca del rio Indio. Los primeros estudios, realizados por la consultora Montgomery Watson Harza, se iniciaron en 2002. Los últimos fueron realizados bajo la actual administración de la ACP por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE), e incluyó lograr un sistema optimizado de administración de agua.
Después de analizar los resultados del último estudio, el administrador Ricaurte Catín Vásquez elaboró una propuesta que, una vez aprobada por la Junta Directiva, fue transmitida en septiembre pasado al Consejo de Gabinete por el ministro para Asuntos del Canal Aristides Royo. Corresponderá al Consejo de Gabinete decidir si presenta un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para extender los límites de la cuenca hasta el río Indio; en este caso deberá incluir una cláusula derogando el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 28 de 17 de julio de 2006, que prohíbe construir embalses “para el funcionamiento del tercer juego de esclusas”. El proyecto, ya identificado, consiste en el desarrollo de un reservorio multipropósito en río Indio que, además de servir de área de pesca y recreo a pobladores y visitantes, genere el agua necesaria para satisfacer las necesidades futuras del Canal y la región metropolitana.
La demora del Ejecutivo en tomar una decisión ha generado fundadas críticas. La más reciente de la Unión de Prácticos del Canal de Panamá (UPCP), que en carta abierta al presidente Laurentino Cortizo le advirtió que “… postergar la toma de decisiones y acciones puntuales que coadyuven a evitar una crisis mayor para el Canal de Panamá, como para el suministro de agua potable, es inaceptable, pues ya la propuesta de medidas que se deben tomar lleva tiempo en su despacho, pero a la fecha solo vemos inacción de su parte”.
Aparentemente el Ejecutivo se siente a estas alturas “sin capital político”. En realidad, de lo que carece es de credibilidad. Pero para vencer este obstáculo, bien podría impulsar la iniciativa bajo la premisa de que todo el proyecto – incluyendo los beneficios que se ofrezcan a quienes deban ser reubicados y demás pobladores del área – sean manejados por la ACP. De más está decir que esta agencia goza de buena reputación y credibilidad.
La propuesta que lleve la ACP a esas comunidades debe incluir prioridad en el empleo de las obras que se ejecuten, habilitar servicios públicos de calidad (educación, salud, agua potable, vías de comunicación, electricidad, etc.), y ofrecer a quienes deban ser reubicados tierras propias adecuadas y asistencia técnica en actividades agroforestales. Al respecto, la agencia canalera ha acumulado una valiosa experiencia con los pobladores de la cuenca actual, programa que es coordinado por el Comité Interdepartamental de Responsabilidad Social Empresarial (Cirse). En este escenario, no creo que haya que tenerle pánico a la “falta de capital político”.
El autor es periodista
